Aprueban audiencias remotas por violencia intrafamiliar

La iniciativa fue respaldada por unanimidad, con 140 votos a favor, y contempla declaraciones por videoconferencia, audiencias anticipadas y medidas para evitar el contacto entre las víctimas y sus presuntos agresores. Ahora deberá ser revisada por el Senado.

 

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por unanimidad de 140 votos a favor, un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) y prevenir su revictimización durante los procedimientos judiciales. La iniciativa, originada en dos mociones refundidas, fue despachada al Senado para continuar su tramitación legislativa.

 

Entre las principales medidas, el proyecto establece que los tribunales deberán autorizar la comparecencia remota de las víctimas mediante videoconferencia cuando estas lo soliciten, incluso si la audiencia se desarrolla presencialmente. Asimismo, el juez podrá permitir que el presunto agresor participe de manera telemática cuando así lo requiera la víctima, siempre que esta modalidad no genere una situación de indefensión.

 

Las solicitudes podrán presentarse hasta dos días antes de la audiencia, entregando un medio de contacto para coordinar la conexión. Sin embargo, el plazo podrá extenderse cuando existan circunstancias que puedan afectar la seguridad o protección de la víctima. Además, se permitirá que sus declaraciones se realicen por videoconferencia, siempre que el tribunal garantice que pueda expresarse libremente, sin la presencia del presunto agresor ni de terceros que puedan influir en su testimonio.

 

Medidas para evitar la revictimización:

 

Otra de las disposiciones contempla mecanismos para impedir el contacto entre las víctimas y sus presuntos agresores durante las audiencias judiciales. Para ello, se consideran salas de espera separadas, además de ingresos y salidas diferenciados en los tribunales.

 

La iniciativa también busca resguardar la confidencialidad de los domicilios y lugares donde se encuentren las víctimas, especialmente cuando la divulgación de estos antecedentes pueda representar un riesgo para su seguridad o la de sus hijos.

 

En situaciones de riesgo inminente, cuando no sea posible notificar oportunamente medidas cautelares, como órdenes de alejamiento o prohibiciones de tenencia de armas, se establece que Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI) podrán realizar la notificación. Si esto tampoco resulta posible, se podrán utilizar otros medios, como el correo electrónico. Mientras se concreta el procedimiento, el tribunal tendrá la facultad de ordenar rondas preventivas en el domicilio de la víctima.

 

Asimismo, el proyecto permitirá que las víctimas entreguen su testimonio de manera anticipada cuando exista riesgo para su integridad, posibilidades de revictimización o presiones para retractarse. Estas declaraciones quedarán registradas en audio y video y podrán ser reproducidas durante el juicio oral, evitando que deban declarar nuevamente, salvo que el tribunal considere indispensable profundizar en hechos nuevos o que no hayan sido abordados anteriormente.

 

Debate parlamentario:

 

Durante la discusión, parlamentarios de distintos sectores destacaron que las nuevas medidas podrían beneficiar especialmente a mujeres que viven en localidades rurales o alejadas de los centros urbanos, quienes muchas veces deben trasladarse largas distancias para asistir a audiencias, ausentarse de sus trabajos o buscar personas que puedan cuidar a sus hijos.

 

En el debate también se recordó a víctimas de distintos casos de violencia intrafamiliar, enfatizando las dificultades que enfrentan quienes se atreven a denunciar y la necesidad de que el Estado garantice condiciones efectivas de protección, evitando que los procedimientos judiciales las expongan nuevamente a situaciones de temor.

 

Pese al respaldo transversal a la iniciativa, algunos parlamentarios manifestaron preocupación por la falta de recursos presupuestarios para implementar adecuadamente las medidas. En particular, advirtieron que las víctimas de sectores rurales podrían enfrentar dificultades para acceder a las comparecencias remotas debido a la falta de conectividad o de herramientas tecnológicas.

 

Por otra parte, durante la discusión también surgieron cuestionamientos respecto de la posibilidad de que los procedimientos sean utilizados para presentar denuncias falsas contra los progenitores. Algunos legisladores plantearon la necesidad de avanzar en iniciativas que sancionen este tipo de conductas, argumentando que pueden afectar la confianza en las instituciones y desviar recursos destinados a la protección de las víctimas.

 

Con su aprobación en la Cámara, el proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde deberá ser revisado antes de convertirse en ley.