Cámara analiza rebaja de condenas otorgadas por el Ministerio de Justicia

La Sala realizó una sesión especial para analizar los beneficios otorgados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, instancia en la que parlamentarios emplazaron al ministro Fernando Rabat a asumir responsabilidades políticas. Además, se aprobaron cinco resoluciones que solicitan revisar los decretos y reforzar la protección de las víctimas.

La Cámara de Diputadas y Diputados realizó una sesión especial para analizar el otorgamiento de rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, beneficios contemplados en la Ley 19.856 y concedidos a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Durante la instancia se revisaron los antecedentes jurídicos y administrativos que fundamentaron estas decisiones, así como los criterios aplicados por el ministerio tras las modificaciones introducidas por la Ley 21.421, que establece exclusiones para el otorgamiento de determinados beneficios. También se abordaron las medidas que ha adoptado o proyecta implementar el Gobierno para resguardar los derechos de las víctimas.

En representación de los parlamentarios que solicitaron la sesión, los diputados Marcos Barraza y Lorena Fríes pidieron explicaciones sobre los antecedentes que permitieron autorizar la rebaja de condenas a 56 personas, señalando que la mayoría presentaría un alto riesgo de reincidencia en delitos sexuales.

Ambos legisladores cuestionaron los criterios utilizados para conceder estos beneficios y emplazaron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a explicar cómo fueron ponderados los antecedentes y revisados los informes técnicos. En ese contexto, advirtieron que mantener una buena conducta durante el cumplimiento de una condena no necesariamente significa que una persona no represente un riesgo de volver a cometer delitos.

Asimismo, cuestionaron que el Presidente de la República no solicitara la renuncia del secretario de Estado y sostuvieron que el Gobierno debe asumir las responsabilidades políticas derivadas de estas decisiones. Por ello, solicitaron directamente la salida de Rabat del Ministerio de Justicia.

Exposición del ministro de Justicia:

Durante su intervención, el ministro Fernando Rabat sostuvo que el proceso de rebaja de condenas se originó durante la administración anterior y que su aplicación respondió al cumplimiento de dictámenes de la Corte Suprema.

La autoridad reconoció que el procedimiento presenta un vacío legal, particularmente porque no contempla escuchar a las víctimas antes de conceder estos beneficios. Al respecto, indicó que esta situación deberá corregirse mediante modificaciones legales.

Rabat explicó que en el proceso participan Gendarmería, la Comisión de Reducción de Condenas, en su calidad de organismo técnico, las secretarías regionales ministeriales y, finalmente, el Ministerio de Justicia.

En esa línea, afirmó que la cartera no realiza la evaluación técnica ni adopta la resolución administrativa sobre las rebajas, sino que formaliza lo resuelto por los organismos competentes. Por ello, planteó que corresponde abordar las deficiencias del procedimiento mediante la tramitación de un proyecto de ley.

Cinco resoluciones aprobadas:

Tras el debate, la Sala aprobó cinco resoluciones dirigidas al Presidente de la República, mediante las cuales se solicita adoptar medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir y fortalecer la protección de las víctimas.

Entre las propuestas se encuentra priorizar las reformas legislativas necesarias para impedir nuevas rebajas de condenas en estos casos, además de instruir al Ministerio de Justicia a evaluar todas las alternativas legales disponibles para revocar o invalidar los 56 decretos que autorizaron estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Asimismo, se solicitó implementar medidas inmediatas de apoyo y protección para las víctimas de delitos sexuales y de lesa humanidad, incluyendo equipos multidisciplinarios que entreguen asistencia jurídica y psicosocial.

Otra de las resoluciones aprobadas plantea solicitar la renuncia del ministro Fernando Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira, invocando las responsabilidades políticas y administrativas que les corresponderían.

Finalmente, la Cámara pidió dar urgencia a la tramitación del proyecto que busca prohibir totalmente las rebajas de penas a personas condenadas por delitos violentos y garantizar la participación de las víctimas en los procedimientos de concesión de estos beneficios. También solicitó al Ejecutivo enviar un proyecto para establecer definitivamente tribunales de ejecución de penas en Chile.