Evaluan proyectos sobre extorsión y armas blancas en cárceles

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados revisó tres proyectos de ley relacionados con el combate a la extorsión territorial, la tenencia de armas blancas al interior de los recintos penitenciarios y la limitación de beneficios para personas condenadas por delitos graves contra menores de edad.

Una de las iniciativas, correspondiente al boletín 18.594, busca modificar los códigos Penal y Procesal Penal para sancionar la extorsión territorial y el denominado cobro de protección. La propuesta, presentada por el diputado Bernardo Salinas junto a otros parlamentarios, apunta a perseguir a organizaciones que se apropian de determinados sectores o barrios para intimidar y exigir pagos, principalmente, a comerciantes y feriantes.

Durante la discusión, el diputado Salinas explicó que el objetivo es establecer sanciones contra grupos que ejercen control territorial mediante amenazas y extorsiones. Sin embargo, algunos integrantes de la comisión plantearon observaciones respecto de la redacción de los tipos penales y las dificultades que podría presentar su acreditación.

En esa línea, el diputado Raúl Leiva manifestó dudas sobre las figuras propuestas, mientras que Enrique Bassaletti sostuvo que es necesario perfeccionar el proyecto para facilitar la aplicación de las agravantes y asegurar que la normativa cumpla su propósito.

Tenencia de armas blancas en cárceles:

Otro de los proyectos analizados, correspondiente al boletín 18.574, propone modificar el Código Penal para tipificar la tenencia de armas cortantes o punzantes al interior de establecimientos penitenciarios. La moción fue impulsada por el diputado Sebastián Zamora junto a otros parlamentarios.

El diputado Leandro Kunstmann explicó que la iniciativa surgió a partir de hechos registrados en Valdivia, donde tres personas murieron en un recinto penitenciario producto de heridas provocadas con armas cortopunzantes. Por su parte, Sebastián Zamora indicó que la propuesta también responde a una solicitud realizada por funcionarios de Gendarmería.

Durante el debate, algunos parlamentarios advirtieron que la iniciativa podría duplicar disposiciones que ya se encuentran vigentes, particularmente las contempladas en la denominada Ley Antipelotazos, que sanciona el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles.

Frente a estas observaciones, los diputados Jaime Coloma y Eduardo Cretton, junto con la diputada Tatiana Urrutia, plantearon la necesidad de revisar el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias entre la Cámara y el Senado respecto de dicha normativa. Asimismo, propusieron solicitar un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional para identificar qué materias ya están reguladas y cuáles podrían constituir vacíos legales.

En tanto, la diputada Gloria Naveillan, respaldada por Raúl Leiva, planteó que el Ejecutivo debería presentar una iniciativa legal basada en el Reglamento Penitenciario.

Restricciones a beneficios para condenados por delitos contra menores:

Finalmente, la comisión inició el análisis de un proyecto de ley, correspondiente al boletín 18.654, que busca modificar el Código Penal y otros cuerpos legales para excluir del otorgamiento de beneficios a personas condenadas por delitos contra menores de edad. La propuesta también contempla establecer el derecho de las familias de las víctimas a ser escuchadas frente a eventuales decisiones sobre la libertad de los condenados.

El diputado Patricio Pinilla, autor de la iniciativa junto a otros parlamentarios, explicó que esta surgió a raíz del caso de una menor asesinada en Los Ángeles por un excarabinero dado de baja que registraba antecedentes penales. Además, aclaró que la propuesta tiene como antecedente una moción presentada anteriormente por la exdiputada Karen Medina y que no responde a la actual discusión sobre los indultos presidenciales.

Entre sus principales medidas, el proyecto contempla limitar los beneficios para condenados por delitos graves, como homicidios y delitos contra menores de edad. También propone establecer una inhabilitación perpetua para que estas personas puedan desempeñarse en trabajos relacionados con niños, niñas y adolescentes, además de otorgar prioridad en la agenda judicial a las audiencias vinculadas con este tipo de causas, con el propósito de reducir los tiempos de tramitación y evitar la revictimización.

Asimismo, la iniciativa busca garantizar que los familiares de las víctimas sean escuchados ante eventuales solicitudes de libertad de los condenados y contempla medidas de acompañamiento para las familias afectadas, utilizando la infraestructura existente. A ello se suma la propuesta de extender a 20 años el plazo para la eliminación de antecedentes penitenciarios en casos de condenas por delitos graves.

Para continuar con el análisis de esta última iniciativa, la Comisión de Seguridad Ciudadana acordó realizar nuevas audiencias e invitar a representantes de la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez, entre otras instituciones, con el propósito de conocer sus observaciones sobre la propuesta.