La Fiscalía de Tocopilla formalizó a cinco imputados, de nacionalidad chilena y extranjera, por su participación en un caso de contrabando de gran escala que involucró más de 2,2 millones de cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera. A esto se suma el porte ilegal de una subametralladora UZI junto a sus respectivas municiones, lo que agrava la gravedad de los hechos investigados.
El procedimiento se originó en las cercanías del puente Quillagua, en la comuna de María Elena, donde personal de Carabineros sorprendió a los sujetos manipulando el armamento prohibido. La situación derivó en su inmediata detención y en la ampliación del operativo en el sector.
Durante la inspección, los funcionarios detectaron a corta distancia tres camiones con sus respectivas ramplas, los cuales transportaban un cargamento compuesto por 2.201.370 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas. La mercancía no contaba con autorización aduanera ni sanitaria, configurando el delito de contrabando.
Este decomiso se posiciona como uno de los más importantes realizados en el país, con un avalúo comercial cercano a los 6 mil millones de pesos, evidenciando la magnitud de la operación ilícita.
Desde el Ministerio Público, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el contrabando de cigarrillos se ha convertido en una actividad prioritaria dentro de la estrategia de combate al crimen organizado, junto con el tráfico de drogas. En esa línea, subrayó que en lo que va del año Carabineros ha incautado casi 5 millones de cajetillas en la región, lo que representa un aumento cercano al 30% en comparación con el mismo periodo de 2025.
El persecutor también enfatizó que este tipo de operativos no solo permite decomisar mercancía ilegal, sino también afectar directamente la logística de las organizaciones criminales, mediante la incautación de camiones, vehículos de apoyo, equipos de comunicación e incluso armamento de guerra.
Por su parte, el jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, explicó que este procedimiento responde a una estrategia de control operativo desarrollada en zonas aisladas como la pampa, donde se han intensificado las fiscalizaciones. Además, advirtió sobre la evolución de este delito, que ha pasado de traslados menores a operaciones de gran escala con cargamentos millonarios, principalmente provenientes de Paraguay.
Finalmente, los imputados fueron formalizados por los delitos de porte de armamento de guerra, porte de municiones y contrabando aduanero. A solicitud del Ministerio Público, todos quedaron en prisión preventiva, al considerarse que representan un peligro para la seguridad de la sociedad.






