El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley destinado a regular la residencia, permanencia y el traslado hacia y desde el territorio especial del Archipiélago de Juan Fernández, en respuesta al sostenido crecimiento poblacional que ha experimentado la zona en los últimos años. La iniciativa también contempla la incorporación de las islas San Félix y San Ambrosio, conocidas como Islas Desventuradas, bajo esta misma categoría administrativa. El texto fue presentado en Sala y será analizado por la Comisión de Zonas Extremas una vez que esta se constituya.
La propuesta busca establecer un marco normativo similar al que rige actualmente en Isla de Pascua, con el objetivo de controlar el ingreso de personas al archipiélago. De este modo, se pretende resguardar el equilibrio demográfico, proteger el patrimonio natural y preservar la identidad territorial, considerando además las particulares condiciones de habitabilidad del territorio.
En términos concretos, el proyecto establece que toda persona, chilena o extranjera, que ingrese por motivos turísticos podrá permanecer en el Archipiélago de Juan Fernández por un máximo de 30 días corridos. No obstante, en casos de fuerza mayor o situaciones fortuitas, este plazo podrá ser prorrogado por el tiempo necesario para permitir la salida del territorio, decisión que será evaluada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.
Asimismo, se detallan una serie de requisitos obligatorios para el ingreso, entre ellos la presentación de un documento de identidad vigente, un pasaje de regreso intransferible que asegure el cumplimiento del plazo de estadía, y una reserva en un alojamiento autorizado o una carta de invitación de un residente. También se exigirá contar con una dirección de correo electrónico válida, tanto para adultos como para menores de edad, en cuyo caso deberá registrarse el contacto del tutor legal.
Finalmente, el proyecto impone nuevas obligaciones a las empresas de transporte aéreo y marítimo, las que deberán informar con al menos 48 horas de anticipación a la Policía de Investigaciones y a la autoridad regional la nómina completa de pasajeros y tripulantes que ingresarán al archipiélago, reforzando así los mecanismos de control y fiscalización del territorio especial.




