Inician estudio de proyecto que establece controles de alcohol y drogas a conductores

La iniciativa que modifica la Ley de Tránsito para establecer controles obligatorios de alcohol y drogas a los conductores del transporte público mayor comenzó su análisis en segundo trámite en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.

 

El proyecto plantea que los operadores de transporte público mayor dispongan en sus terminales de instrumentos destinados a controlar el consumo de alcohol y drogas de los conductores, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y seguridad para los pasajeros.

 

La propuesta surgió tras la muerte de Mauro Alberto Gómez Estay, estudiante de 14 años del Liceo Eduardo de la Barra, quien falleció en mayo de 2024 luego de ser atropellado por un conductor de microbús que se encontraba bajo la influencia de drogas.

 

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Transportes, senadora Camila Flores, destacó la necesidad de avanzar en mecanismos de fiscalización que permitan prevenir este tipo de tragedias. Según señaló, la iniciativa busca que existan controles permanentes en los terminales, con el propósito de entregar mayor seguridad a quienes utilizan diariamente el transporte público.

 

La senadora calificó la propuesta como “Ley Alberto”, en memoria del adolescente fallecido, y sostuvo que el objetivo es evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir, reforzando la responsabilidad de quienes están a cargo de conducir vehículos destinados al transporte de pasajeros.

 

En la instancia también expuso la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, quien propuso ampliar la medida a los conductores del transporte de carga, además de aumentar y graduar las multas y garantizar la validez técnica y probatoria de los controles realizados.

 

Figueroa entregó además cifras correspondientes al primer semestre de 2026. De acuerdo con los antecedentes expuestos, de un total de 1.093 controles efectuados, el 27,2% arrojó resultado positivo, lo que equivale aproximadamente a uno de cada cuatro conductores sometidos a estas fiscalizaciones.

 

Por su parte, representantes de la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile (Fenabus) plantearon una serie de observaciones al proyecto, entre ellas la posibilidad de que las sanciones recaigan sobre el empleador y no directamente sobre la empresa.

 

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones continuará recibiendo antecedentes de expertos y organizaciones vinculadas al transporte, con el objetivo de analizar eventuales modificaciones y perfeccionar los mecanismos de prevención, control y fiscalización del consumo de alcohol y drogas entre los conductores.