Minería inició discusión de proyecto que mejora la competencia del mercado del gas licuado

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión de un proyecto de ley que busca mejorar la competencia y perfeccionar el funcionamiento del mercado del gas licuado en Chile. La iniciativa, correspondiente al boletín 16.035-03, ingresó al Congreso en 2023, pero permaneció sin avances en su tramitación hasta ahora.

 

La propuesta se fundamenta en un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que identificó una baja intensidad competitiva y un alto riesgo de coordinación entre los actores del mercado mayorista. Según el organismo, estas condiciones tendrían efectos negativos en los precios que pagan los consumidores finales por el gas licuado.

 

El informe también advirtió sobre la integración vertical de las empresas del sector, que participan en distintas etapas de la cadena de comercialización hasta llegar al consumidor. Esta situación se produciría, principalmente, mediante contratos entre distribuidores mayoristas y minoristas que incluyen cláusulas de exclusividad y otros incentivos comerciales, lo que limitaría la competencia en el mercado nacional.

 

En este contexto, el proyecto busca recoger las recomendaciones regulatorias de la FNE para fomentar una mayor competencia, prohibir las cláusulas de exclusividad y otros mecanismos que produzcan efectos similares entre distribuidores mayoristas y minoristas. Además, propone establecer legalmente la intercambiabilidad de los cilindros de gas licuado envasado, mediante un sistema de monitoreo informático de carácter reservado, administrado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

 

Durante la sesión, la Asociación Gremial de Distribuidores de Gas Licuado (Asdigas), representada por su presidente, Jonathan Cereceda, y el abogado Mauricio Daza, coincidió con el diagnóstico de la FNE y respaldó la necesidad de introducir cambios legales para mejorar la competencia, reducir la integración vertical y propiciar menores precios para los consumidores.

 

Desde el gremio destacaron que el estudio de la Fiscalía Nacional Económica estimó que, hacia 2021, los consumidores finales pagaban un sobreprecio anual de US$181 millones en el mercado del gas licuado. A partir de este antecedente, plantearon que la reforma debe traducirse en beneficios concretos para las familias.

 

Si bien Asdigas manifestó su respaldo a la iniciativa, también propuso incorporar medidas adicionales. Entre ellas, solicitó prohibir expresamente el modelo de comisionista concesionario y la fijación de precios de reventa, establecer la obligación de suministro y prohibir represalias contra los distribuidores. Asimismo, pidió que las cláusulas de exclusividad dejen de ser exigibles desde la publicación de la ley.

 

La asociación gremial también planteó la necesidad de establecer sanciones disuasivas, permitir que las organizaciones del sector puedan presentar denuncias y garantizar condiciones comerciales y descuentos transparentes y no discriminatorios. Además, propuso evaluar, a los dos y cuatro años de la entrada en vigencia de la normativa, si la reducción de costos se ha traducido efectivamente en menores precios para los consumidores.

 

Los diputados Bernardo Salinas y José Antonio Rivas respaldaron la propuesta y acogieron los planteamientos presentados por los distribuidores minoristas. Ambos destacaron la relevancia de avanzar en medidas que promuevan la competencia y que puedan tener un impacto directo en la economía de los hogares.

 

Por su parte, el diputado Daniel Valenzuela manifestó su acuerdo con el objetivo de mejorar la competencia, aunque expresó dudas respecto de algunos aspectos de la iniciativa. En particular, señaló que la FNE no ha sostenido que exista colusión en el mercado del gas licuado, distinción que consideró relevante para el análisis del proyecto.

 

En tanto, el diputado Marco Antonio Sulantay sostuvo que las condiciones de la economía actual han motivado la necesidad de retomar la discusión legislativa. Asimismo, enfatizó la importancia de abordar el funcionamiento de un mercado vinculado a un servicio de primera necesidad y destacó que la iniciativa contiene aspectos que deberán ser debatidos, especialmente aquellos orientados a terminar con la integración vertical de la industria.