Una compleja organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos fue desarticulada tras una extensa investigación liderada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), denominada Operación Nereida. El operativo culminó este lunes con la detención de 54 personas y la ejecución de 61 allanamientos en cinco regiones del país, marcando uno de los mayores golpes contra el comercio ilícito de productos del mar registrados en los últimos años.
La investigación, iniciada en 2024, permitió establecer la existencia de una asociación criminal compuesta por tres estructuras organizadas que operaban en la extracción, transporte, acopio y comercialización de recursos marinos obtenidos ilegalmente. Entre los delitos detectados figuran lavado de activos, falsificación de documentos públicos, infracciones a la Ley de Pesca, delitos contra la salud pública y cohecho.
De acuerdo con la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, la organización comercializaba principalmente merluza austral, congrio dorado, pejerreyes y locos, especies de alto valor económico y, en algunos casos, sujetas a condiciones de sobreexplotación. La estructura criminal contaba con una cadena operativa integrada por proveedores, transportistas, comercializadores y administradores de las ganancias ilícitas, además de personas encargadas de facilitar la evasión de controles durante el traslado de los cargamentos.
Los recursos eran movilizados desde las regiones de Los Lagos y Los Ríos hacia centros de acopio donde se blanqueaba su origen, para posteriormente abastecer mercados de alta demanda en La Araucanía, Biobío, Ñuble y la Región Metropolitana. Según los antecedentes recopilados, la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos se ha convertido en una actividad altamente lucrativa para organizaciones criminales que operan en el sur del país.
La investigación también reveló la participación de funcionarios públicos en distintas etapas de la operación. Entre los detenidos se encuentran dos carabineros que habrían colaborado con la organización mediante acciones de protección y facilitación del transporte de cargamentos ilegales. Tras conocerse los hechos, la institución confirmó la desvinculación de ambos funcionarios e inició una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias de su participación.
Asimismo, se confirmó la detención de un funcionario de la Municipalidad de Valdivia, respecto de quien el municipio anunció la apertura de un sumario administrativo destinado a determinar eventuales responsabilidades. A ello se suma la participación de un exfuncionario de Sernapesca, quien se encontraba suspendido desde junio de 2025 y había dejado la institución en mayo de 2026.
Desde Sernapesca señalaron que este caso evidencia uno de los principales riesgos asociados al crimen organizado: la capacidad de vulnerar organismos encargados de la fiscalización y el control. La institución destacó que ha fortalecido sus mecanismos internos de integridad y recordó que una denuncia presentada ante el Ministerio Público en septiembre de 2024 contribuyó al desarrollo de la investigación.
El análisis financiero realizado por la PDI permitió detectar ingresos superiores a los $8.800 millones durante los años 2023 y 2024. De ese total, más de $8.260 millones corresponderían a recursos no declarados ante la autoridad tributaria, situación que habría permitido a la organización incrementar significativamente su patrimonio mediante actividades ilícitas.
En paralelo, Sernapesca informó que entre 2025 y mayo de 2026 logró incautar 28,58 toneladas de merluza austral y 8,72 toneladas de congrio dorado de origen ilegal, cifras que reflejan la magnitud del fenómeno investigado.
Durante los procedimientos ejecutados este lunes, las autoridades incautaron vehículos, inmuebles, dinero en efectivo y otros bienes presuntamente vinculados a la actividad delictiva. Los 54 detenidos serán formalizados este martes, instancia en la que el Ministerio Público presentará los antecedentes reunidos durante la investigación y solicitará las medidas cautelares correspondientes.




