Piden apoyo para el pago de deudas de adultos mayores y de pensiones de alimentos

La Sala acordó solicitar ayuda estatal para garantizar el bienestar de ciertos grupos etarios.

Por medio de dos resoluciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados instó al Ejecutivo a dar un apoyo estatal a dos grupos de connacionales particularmente afectados por la crisis generada por la actual pandemia.

En concreto, la resolución, aprobada por 127 votos a favor y siete abstenciones, solicita un bono de $500.000 para las y los adultos mayores del país, destinado a condonar las deudas que registren por concepto de no pago de servicios básicos durante la pandemia ocasionada por el Covid-19.

La iniciativa, propuesta por el diputado Karim Bianchi (IND), establece que serían más de 700.000 los adultos mayores de 60 años que tienen una morosidad financiera, superando a los 630.000 que se registraban con incumplimientos crediticios antes de la crisis sanitaria.

Agrega que el escenario es más complejo cuando se considera que las y los jubilados en Chile tienen un promedio de ingresos cercano a $300.000 y sus incumplimientos financieros son de $2.1 millones, que responden, en su mayoría, a deudas contraídas para subsistir, ya sea para alimentarse, comprar medicamentos, pagar arriendos y servicios básicos como la luz y el agua.

Pensiones alimenticias:

Por otro lado, la Cámara también respaldó, por 108 votos a favor y 23 abstenciones, la resolución, que insta al Presidente de la República que “el Estado se haga cargo” del pago de pensiones de alimentos, cuando exista una imposibilidad absoluta de obtenerlo, es el objetivo de aprobada.

En su fundamento, el documento menciona que serían cerca de 70 mil niños, niñas y adolescentes los que no reciben lo que por ley les corresponde, generándose una deuda que superaría los $180.000 millones de pesos, la que no ha podido ser satisfecha con medidas como la retención del retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Por lo anterior, la resolución solicita que el Presidente envíe un proyecto para que, ante la imposibilidad absoluta de pago por parte del alimentante, ya sea porque no es habido o por que no posee medios para cumplir su obligación, sea el Estado el que cumpla con el pago de la pensión de alimentos decretada.

Imagen: PAHO