Los senadores Francisco Huenchumilla, Pedro Araya, Alejandro Guillier y Juan Ignacio Latorre elaboraron una moción en esa línea, la que deberá ser analizada por la Comisión de Constitución del Senado.
Liberar de responsabilidad penal a quienes obtuvieron el denominado Bono de Clase Media de 500 mil pesos, sin haber calificado para tal beneficio, es el objetivo principal de la moción que presentaron los senadores Francisco Fuenchumilla, Pedro Araya, Alejandro Guillier y Juan Ignacio Latorre y que deberá ser analizado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
La iniciativa de artículo único busca otorgar amnistía a todas las personas que, sin cumplir los requisitos, hayan accedido al Bono Clase Media de 500 mil pesos en el contexto del Covid-19, tras cometer errores en la declaración jurada requerida para acceder al beneficio.
Según señala el proyecto, se busca que las casi 474 mil personas que hayan accedido al beneficio sean liberadas de responsabilidad penal, dado que “se trató de un error común (…) debido a la desprolija elaboración de la política pública y su indebida difusión”, detalla el proyecto. Además, se agrega que lo anterior regirá “sin perjuicio de las restantes atribuciones de las autoridades, para solicitar la restitución de lo percibido indebidamente”.
A juicio del senador Huenchumilla el proyecto es "de toda justicia, porque aquí tenemos familias que en muchos casos necesitaban de este beneficio, y que además cometieron un error, actuando de buena fe. La pandemia vino a develar la precariedad del actual modelo en que vivimos, donde las personas y sus familias pueden calificar como integrantes de la clase media, pero se encuentran en la desprotección, viven endeudadas, y ante la eventualidad de perder su empleo, quedan totalmente a la deriva. Eso ocurre, independientemente de que calificaran o no para este beneficio puntual".
Agregó que en el último tiempo, ha habido una serie de "perdonazos del Fisco hacia los poderosos. Tenemos a los ex controladores del grupo Penta, que en 2019 fueron enviados a clases de ética. O recientemente, la rebaja de multa a Julio Ponce Lerou por el caso Cascadas, de 62 millones de dólares, a menos de 3 millones de dólares. Si con ellos existió este tipo de consideraciones, es justo que establezcamos amnistía para estos hechos, sin perjuicio de que lo percibido indebidamente deberá restituirse. Aquí estamos hablando de personas y familias de trabajo".
En tanto, el senador Pedro Araya enfatizó que "muchos de los chilenos que postularon al beneficio de los 500 mil pesos y que, probablemente no cumplían los requisitos para obtenerlo, no lo pidieron por frescos, sino porque necesitaban el dinero para pagar deudas, comprar alimentos, entre otras cosas. A eso se suma que la implementación de esta medida por parte del gobierno tuvo un muy mal manejo".
Por su parte el senador Alejandro Guillier, manifestó que la iniciativa "intenta reparar la pésima implementación que ha realizado el Gobierno de los beneficios a los trabajadores afectados por la pandemia".
Agregó que "me parece razonable lo que propone este proyecto, que es limitar la persecución penal a 500 mil chilenos y chilenas que obtuvieron un beneficio que el Estado al parecer no debió entregarles. Cada peso público mal entregado debe ser recuperado. Otra cosa es iniciar una persecución penal contra esas personas, arriesgando penas incluso de cárcel o que perjudiquen sus antecedentes a futuro".
Imagen: En Cancha