Hacienda solicitó información sobre situación de trabajadores a honorarios del Estado

Una serie de oficios destinados a aclarar la situación de las y los trabajadores a honorarios del Estado envió la Comisión de Hacienda de la Cámara. Esto, en el contexto de las reclamaciones que desde este sector han surgido y de las diversas polémicas que han surgido en la discusión presupuestaria del erario para 2026.

Ante el grupo parlamentario se presentaron sindicatos de trabajadores a honorarios del Estado en municipios y el Estado Central. En lo medular, acusaron el aumento de la precariedad laboral en este sector. Asimismo, se sostuvo que no hay respeto de los derechos maternales, ni a vacaciones.

Asimismo, se afirmó que hay despidos injustificados. Sobre el punto, recalcaron que esta situación ha venido a representar un costo no menor, dado que, al judicializarse los casos, se reconoce la condición de dependencia y subordinación, que no son propias de un honorario. Según se detalló como ejemplo, la municipalidad de La Pintana, desde el 2017 a la fecha, ha gastado cerca de 800 millones de pesos por esta causa.

De tal modo, pidieron a la comisión requerir información al Consejo de Defensa del Estado para saber cuánto dinero se ha destinado a este fin.

Adicionalmente, los dirigentes efectuaron un análisis crítico de la implementación de Ley 21.526, de reajuste del sector público (dic. 2022). En particular, se centraron en la aplicación de los artículos que entrega a las y los alcaldes la facultad de modificar la calidad jurídica de personas contratadas a honorarios, para pasarlos a contratos bajo las normas del Código del Trabajo. Para ello, se autoriza a modificar el límite máximo de la dotación fijada. También se contempla una provisión extra de dineros desde el fisco.

Los sindicatos pusieron en cuestionamiento la aplicación de esta facultad y llamaron a indagar sobre sus resultados a nivel nacional.

Oficios sobre los trabajadores a honorarios:

El presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, valoró la información entregada por los dirigentes. En particular, relevó su aporte en el contexto de la discusión del Presupuesto 2026, donde se abordará la temática. “Los trabajadores a honorarios son los más precarizados”, enfatizó.

En una línea similar, Jaime Sáez resaltó que se pudo observar un cuadro más general sobre la situación de los trabajadores a honorarios. Reconoció que, muchas veces, programas terminan siendo políticas permanentes, sin que se regularice la situación de quienes laboran en ellos. Así, consideró pertinente evaluar una reforma amplia al Estado.

En este marco, la comisión aprobó, en forma unánime, dos oficios. El primero está dirigido al Consejo de Defensa del Estado. La idea es “saber cuántos recursos públicos se han destinado para dar término a contratos a honorarios de trabajadores públicos, incluyendo procesos judiciales y acuerdos extrajudiciales”.

El segundo oficio se derivó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para que informe qué municipalidades han solicitado fondos públicos para dar cumplimiento a la citada Ley 21.526.

Para Ricardo Cifuentes, es relevante esclarecer estas materias y recordó que durante el Gobierno de Michelle Bachelet se buscó avanzar en enmendar la precarización de los trabajadores a honorarios. En tal plano, requirió el envío de un tercer oficio a la Dirección de Presupuestos, que también se aprobó en forma unánime. A través de él, se pide que informe sobre el cumplimiento de las metas anuales de incorporación de trabajadores a honorarios a la contrata de los diversos servicios públicos.