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05 de Diciembre

Sistema de Apoyos y Cuidados avanza a su tercer trámite

Autor | Informa al minutoEquipo-de-prensa-informa-al-minuto

Fuente imagen | Informa al minuto Senado

Con la aprobación del principio de corresponsabilidad y la facultad del Estado de disponer de instrumentos de medición del uso del tiempo del trabajo de cuidados no remunerados, las y los senadores terminaron de revisar el articulado de la iniciativa iniciada en mensaje.

El proyecto de ley que reconoce el derecho de todas las personas a recibir cuidados y a ejercer el autocuidado avanzó a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa, que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, busca promover la autonomía, la vida independiente y prevenir situaciones de dependencia. Este avance se produjo luego de que la Sala del Senado aprobara el articulado revisado por la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, en una sesión marcada por un intenso debate en torno a la corresponsabilidad social y de género.

 

El texto legal apunta a establecer el derecho al cuidado en su triple dimensión y a consolidar los cuidados como el cuarto pilar de la protección social del país. Con ello, se pretende dar una respuesta coordinada y sistemática a la actual crisis de los cuidados en Chile, además de impulsar un cambio cultural hacia la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, la comunidad y el sector privado. La propuesta define que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados deberá promover la autovalencia, garantizar apoyos adecuados y actuar bajo principios de equidad de género.

 

Durante la sesión, las y los senadores realizaron diversas votaciones separadas, destacando el debate sobre el principio de corresponsabilidad social. Legisladores como Sebastián Keitel, Claudia Pascual, Matías Walker y Fabiola Campillai profundizaron en los desafíos que enfrenta actualmente el país, especialmente para las mujeres que históricamente han asumido la mayor carga del cuidado. No obstante, el senador Enrique Van Rysselberghe manifestó reparos, argumentando que este principio podría desvirtuar el objetivo central del proyecto.

 

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, subrayó la importancia de incorporar la corresponsabilidad como eje transversal del sistema, señalando que los cuidados deben dejar de recaer exclusivamente en las mujeres. En la misma línea, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó los avances acumulados en gobiernos anteriores en materia de igualdad de género y políticas de cuidado, calificando este proyecto como un paso clave para consolidar esos progresos.

 

Otro punto de discusión fue la transversalización de la perspectiva de género, concepto que finalmente fue rechazado tras una votación separada. A pesar de ello, la Sala aprobó la facultad del Estado para desarrollar instrumentos de medición del uso del tiempo y herramientas para valorizar el trabajo no remunerado de cuidados. Esta decisión generó posturas encontradas entre quienes defienden la necesidad de cuantificar esta labor invisibilizada y quienes sostienen que el Estado no debe intervenir sin un marco adicional.

 

El Senado también respaldó el rol del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que, a través de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, deberá coordinar, supervisar y evaluar la implementación del Sistema. Asimismo, se aprobó que este funcione en articulación con otras instancias de protección social, garantizando eficiencia y evitando duplicidades. En otro punto relevante, se consagró el derecho de las personas beneficiarias a participar activamente en decisiones relacionadas con los apoyos que reciban, lo que generó inquietudes por la posibilidad de que surjan procesos de sindicalización en el sector.

 

Entre las medidas descentralizadas, se autorizó a los municipios a elaborar e implementar Planes Locales de Apoyos y Cuidados, incorporando diagnósticos territoriales, oferta programática y espacios de participación comunitaria. Asimismo, se dio luz verde para que los gobiernos regionales puedan establecer convenios de colaboración con instituciones privadas sin fines de lucro, sin traspaso de recursos, con el fin de fortalecer la red de cuidados. Este punto también generó debate, con parlamentarios que advirtieron la exclusión de actores privados con fines de lucro y otros que insistieron en resguardar la calidad y pertinencia de las alianzas.

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