Sala deberá pronunciarse: Concluyó análisis de perfeccionamientos a la implementación de la Ley Lafkenche

Armonizar el uso consuetudinario del borde costero con las demás actividades que se desarrollan en él es el objetivo central del proyecto de ley que modifica la Ley 20.249, normativa que creó el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). La iniciativa busca perfeccionar su implementación mediante ajustes en los procedimientos, criterios de asignación, administración de los espacios y resolución de solicitudes incompatibles.

La moción fue respaldada en general por la Sala del Senado en agosto de 2025 y posteriormente analizada en particular por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, presidida por el senador David Sandoval. El proyecto fue presentado por los senadores Fidel Espinoza, Carlos Kuschel, Gastón Saavedra, David Sandoval y el exsenador Álvaro Elizalde.

Durante su tramitación, la Comisión abordó aspectos clave como la proporcionalidad de las superficies solicitadas por las comunidades, la necesidad de evitar superposiciones con concesiones marítimas, áreas de manejo y caletas de pesca artesanal, así como el fortalecimiento de la transparencia en la representación comunitaria y la gestión administrativa de los recursos marinos.

Los legisladores destacaron que la iniciativa incorpora principios de buena fe, eficiencia y celeridad en los procedimientos administrativos, estableciendo criterios objetivos para definir la extensión de los espacios solicitados y evitar la paralización indefinida de otras actividades productivas en el borde costero.

Asimismo, el proyecto refuerza la convivencia entre los distintos actores que operan en estas zonas, como pescadores artesanales, comunidades indígenas y la industria acuícola. Para ello, se establece la obligatoriedad de presentar planes de administración desde el inicio del proceso, los que deberán contemplar la armonización de usos y la resolución anticipada de conflictos, resguardando que la asignación de estos espacios no afecte derechos adquiridos de terceros.

Entre otras disposiciones, la iniciativa fija plazos máximos para la suspensión de trámites, limita la cantidad de solicitudes simultáneas por comunidad y establece sanciones en caso de incumplimientos, incluyendo la revocación del ECMPO si se infringe reiteradamente la prohibición de cobros o restricciones económicas a terceros.