Cámara despachó a ley subsidio al empleo que se focalizará en grupos rezagados

La Sala de la Cámara aprobó en tercer trámite el proyecto de ley que crea un nuevo Sistema de Subsidio Unificado al Empleo (SUE), iniciativa que quedó lista para su promulgación tras respaldarse íntegramente las modificaciones introducidas por el Senado. La propuesta, contenida en el boletín 17.641, establece un subsidio de cargo fiscal que será administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), con un enfoque de reactivación económica y focalización de los recursos públicos.

 

El SUE beneficiará tanto a trabajadores como a empresas del sector privado, priorizando a los grupos con mayores dificultades de acceso al empleo formal. Entre ellos se encuentran mujeres de entre 25 y 54 años, jóvenes de 18 a 24 años, personas mayores de 55 años y personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad hasta los 64 años. Para los tres primeros grupos se aplicará un criterio de focalización socioeconómica según el Registro Social de Hogares, mientras que la línea de discapacidad no estará sujeta a este requisito.

 

La iniciativa también pone el foco en las micro, pequeñas y medianas empresas, al establecer un límite de hasta 200 trabajadores beneficiarios por empresa para efectos de imputar el subsidio. Asimismo, se fijó en 15 meses el plazo máximo para acceder al beneficio en el caso de micro y pequeñas empresas, medida que fue incorporada durante la revisión en el Senado.

 

En cuanto a los requisitos, se exige que la renta bruta mensual del trabajador o trabajadora no supere 2,25 ingresos mínimos mensuales y que registre al menos seis meses de desempleo continuo u ocho meses discontinuos dentro de los 18 meses previos a la postulación. El Senado añadió que, mediante decreto, se podrá ajustar temporalmente este requisito en contextos determinados, ya sea reduciendo el período total considerado o los meses exigidos de cesantía.

 

Otra modificación relevante establece que será el Sence el organismo encargado de verificar el cumplimiento del nivel de vulnerabilidad socioeconómica, informando al empleador sobre la procedencia del subsidio. Además, se aclaró que si durante la vigencia del beneficio el trabajador supera el tope de renta establecido, no recibirá el aporte en ese mes, aunque dicho período igualmente será contabilizado dentro de la duración total del subsidio.

 

El proyecto también fija resguardos fiscales. Para el primer año de implementación, la entrega de nuevos beneficios no podrá superar los $103.735 millones. En caso de alcanzarse ese límite, se suspenderá la asignación de nuevos subsidios durante el respectivo año presupuestario. Cualquier variación en el gasto deberá ser informada a las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, en el marco de la Ley de Presupuestos del Sector Público.

 

Durante el debate, parlamentarios de distintos sectores manifestaron su respaldo a la iniciativa, destacando la mejor focalización de los apoyos y la simplificación de instrumentos actualmente dispersos. No obstante, también hubo intervenciones que subrayaron la necesidad de impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones para los empleadores. Por parte del Ejecutivo, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, valoró las mejoras incorporadas durante la tramitación y aseguró que el nuevo subsidio facilitará la contratación, ampliará el acceso a los beneficios y resguardará la responsabilidad fiscal.