Proponen cambios a sistema de nombramiento de ministros de la Corte Suprema y de jueces

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, presentó ante la Comisión de Constitución del Senado la propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema de gobierno judicial, centrada en la creación del Consejo de Nombramientos Judiciales (CNJ). La iniciativa, que ya fue aprobada en general, suma 75 indicaciones y se encuentra en etapa de ajustes, luego de que el Gobierno solicitara extender el plazo hasta el 23 de abril para ingresar nuevas modificaciones que permitan afinar el proyecto.

Uno de los puntos más relevantes es el cambio de postura del Ejecutivo respecto al CNJ. Aunque inicialmente no respaldaban este tipo de órganos, tras diversos análisis se optó por mantenerlo, asignándole la responsabilidad de proponer nombramientos para cargos clave del Poder Judicial, con excepción de los ministros de la Corte Suprema. Para estos últimos, se estableció un mecanismo distinto que incluye la elaboración de una quina por parte del máximo tribunal, la nominación presidencial y la ratificación del Senado por dos tercios de sus miembros en ejercicio.

El procedimiento propuesto contempla plazos definidos: debe iniciarse 90 días antes de que se produzca una vacante, el Presidente tendrá 15 días para escoger un candidato de la quina y el Senado contará con 30 días para pronunciarse. En caso de no haber votación, la propuesta se entenderá aprobada; si es rechazada, el cargo se definirá mediante sorteo entre los candidatos restantes. Este último punto ha generado inquietud entre senadores, quienes advierten que el sorteo podría transformarse en una práctica recurrente en lugar de una medida excepcional.

En paralelo, el proyecto introduce criterios técnicos y de mérito para la conformación de las quinas, eliminando privilegios como la inclusión automática por antigüedad. Según explicó el ministro Rabat, el uso del sorteo, aunque pueda parecer disruptivo, tiene precedentes en el sistema constitucional chileno y busca garantizar objetividad en escenarios de bloqueo político.

Respecto de los demás cargos judiciales, la propuesta establece que serán designados por el Consejo de Nombramientos Judiciales, que elaborará ternas jerarquizadas entre las cuales el Presidente deberá escoger en un plazo de 15 días. Este órgano estaría compuesto por siete integrantes, incluyendo autoridades judiciales y un representante del ámbito académico, con el objetivo de equilibrar experiencia práctica y visión técnica en los procesos de selección.

Finalmente, la iniciativa incorpora un capítulo de control ético que contempla sanciones obligatorias para abogados y otros actores del sistema judicial. Entre las medidas destacan multas, suspensiones profesionales y la facultad de la Fiscalía Judicial para dictar normas éticas. Además, se propone que los tribunales ordinarios conozcan las reclamaciones en procedimientos breves, mientras que los colegios profesionales podrán presentar denuncias por infracciones graves, reforzando así los mecanismos de fiscalización y probidad en el ejercicio del derecho.