Legislarán para definir agravantes por delitos en establecimientos educacionales

La Comisión de Constitución aprobó en general un proyecto de ley que busca fortalecer el régimen penal para delitos cometidos dentro de establecimientos escolares. La iniciativa, que obtuvo 8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, surge de la fusión de un texto impulsado por el Gobierno con una moción parlamentaria orientada a endurecer las sanciones por agresiones contra docentes y trabajadores de la educación.

El proyecto del Ejecutivo se enmarca en el denominado Plan Escuelas Protegidas y propone incorporar nuevas agravantes de responsabilidad penal para delitos ocurridos al interior de escuelas, liceos y colegios. La medida apunta a que las sanciones sean más severas y acordes a la gravedad de los hechos que afectan a la comunidad educativa. En paralelo, la moción refundida pone énfasis en sancionar con mayor dureza las agresiones dirigidas a equipos escolares, especialmente cuando provienen de madres, padres o apoderados, tanto dentro de los establecimientos como en actividades relacionadas.

Durante la sesión participaron autoridades del área de seguridad y educación, junto a representantes del mundo académico y docente. En la instancia se expusieron cifras que evidencian un aumento sostenido de la violencia en contextos escolares. Según datos oficiales, más de la mitad de los establecimientos educacionales registraron al menos un caso policial durante 2025, mientras que las denuncias ante la Superintendencia de Educación crecieron significativamente en los últimos años.

Las cifras también muestran un incremento preocupante en distintos tipos de violencia. Los casos de maltrato a estudiantes aumentaron de forma considerable desde 2021, al igual que las situaciones de connotación sexual y las agresiones contra adultos de la comunidad educativa. Estos antecedentes fueron destacados como fundamento para avanzar en medidas que refuercen la protección en el entorno escolar.

Desde el Colegio de Profesores se valoró la iniciativa y se insistió en la necesidad de endurecer las sanciones para quienes agreden a docentes y asistentes de la educación. Su presidente advirtió que este tipo de hechos no solo afecta a la víctima directa, sino que repercute en toda la comunidad escolar, especialmente en los estudiantes que presencian situaciones de violencia.

No obstante, el proyecto también generó debate. Algunos expertos y sectores políticos manifestaron reparos respecto a la aplicación de las nuevas agravantes, especialmente en relación con su compatibilidad con la legislación vigente sobre responsabilidad penal adolescente. Además, se cuestionó la falta de evidencia sobre el efecto disuasivo de estas medidas y la rapidez con que se está tramitando la iniciativa, lo que llevó a plantear dudas sobre posibles impactos en los derechos de niños, niñas y adolescentes.