Senado aprueba idea de legislar controles aleatorios de drogas para parlamentarios

Con el voto unánime de los senadores presentes, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó la idea de legislar un proyecto que busca implementar controles aleatorios de drogas para los integrantes de la Cámara Alta. La medida fue impulsada por la Mesa del Senado, encabezada por su presidenta Paulina Núñez y el vicepresidente Iván Moreira.

 

La propuesta contempla modificar el reglamento vigente para establecer exámenes destinados a detectar el consumo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilegales. No obstante, se excluyen aquellos casos en que el uso esté respaldado por una indicación médica debidamente acreditada.

 

Según el proyecto, los controles serán de carácter aleatorio y periódico, garantizando que todos los senadores sean sometidos al menos una vez por período legislativo, con un máximo de dos sorteos por persona en ese mismo lapso. La selección se realizará mediante sorteo, y los parlamentarios tendrán un plazo de siete días hábiles para cumplir con la toma de muestra tras ser notificados.

 

El procedimiento será llevado a cabo por laboratorios especializados, mientras que la Mesa del Senado deberá asegurar la cadena de custodia, la confiabilidad de los resultados y la confidencialidad de la información. En caso de resultados positivos, los afectados podrán presentar antecedentes médicos o solicitar un examen de contramuestra antes de que se adopte una decisión definitiva.

 

El proyecto también establece sanciones en caso de incumplimiento. La negativa injustificada a someterse al control o la ausencia dentro del plazo estipulado podrá ser castigada con multas de hasta un 5% de la dieta mensual. Asimismo, un resultado positivo sin justificación médica podría acarrear la misma sanción, considerando factores como la reiteración y la colaboración del senador involucrado.

 

Finalmente, la Comisión acordó solicitar información al Ministerio del Interior sobre protocolos existentes en la administración pública en materia de exámenes de drogas, y se indicó que la iniciativa deberá ser revisada por la Comisión de Régimen Interior debido a los costos asociados a su implementación.