Ley Martín que eleva la responsabilidad de los transportistas escolares recibe respaldo unánime

La Sala del Senado aprobó en general y por unanimidad el proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.831 sobre transporte escolar, iniciativa que busca reforzar la responsabilidad de los conductores y garantizar mayores estándares de seguridad para niños, niñas y adolescentes durante sus traslados. La propuesta continuará su tramitación en particular, mientras parlamentarios y el Ejecutivo preparan una serie de indicaciones que podrán presentarse hasta el próximo 4 de junio.

La moción surge a raíz del fallecimiento de Martín Navarro Jorquera, un niño de 12 años que murió en 2022 tras ser atropellado al descender de un furgón escolar en una ruta cercana a Lanco, en la Región de Los Ríos. El caso motivó a los legisladores a impulsar la denominada “Ley Martín”, orientada a convertir en obligación legal una cadena de cuidados y resguardos para el transporte escolar.

El proyecto establece que los conductores deberán velar por la seguridad física de los estudiantes durante todo el servicio, incluyendo la recepción en el vehículo, el trayecto y la entrega en el establecimiento educacional, el domicilio o el lugar previamente acordado con las familias. Además, se regula tanto el transporte escolar privado como aquel proporcionado por establecimientos educacionales y municipalidades.

La iniciativa también fortalece el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado, donde deberán consignarse antecedentes de empresarios, propietarios de vehículos, conductores y acompañantes. Asimismo, se exigirá acreditar que todas las personas que mantengan contacto directo con escolares no registren condenas ni inhabilidades vinculadas a delitos que afecten la integridad de menores.

Durante el debate, la senadora Danisa Astudillo, integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, explicó que el proyecto busca elevar los estándares de seguridad en el traslado escolar, especialmente en momentos críticos como el ascenso y descenso de los estudiantes. En esa línea, varios parlamentarios coincidieron en que el descenso desde los vehículos representa uno de los puntos de mayor riesgo en los trayectos.

En la discusión legislativa también se abordaron las dificultades que enfrentan las zonas rurales, donde muchas veces las condiciones viales impiden cumplir ciertas exigencias de seguridad. Los senadores plantearon la necesidad de elaborar un catastro de puntos críticos y avanzar en un reglamento que defina estándares mínimos para lugares habilitados de detención y estacionamiento de furgones escolares, incluyendo señalética adecuada.

Otro de los temas debatidos fue el rol de los acompañantes en el transporte escolar. Parlamentarios señalaron que será necesario precisar las funciones de los adultos responsables al interior de los vehículos, considerando que los transportistas deberán contratar personal de apoyo para el cuidado de los estudiantes.

Si bien hubo amplio respaldo a la iniciativa, algunos legisladores advirtieron sobre el riesgo de sobre regular el sistema y encarecer el servicio para las familias, especialmente en comunas donde el transporte escolar ya representa un alto costo. También se insistió en que cualquier nueva exigencia debe ir acompañada de mecanismos claros y viables de fiscalización, considerando las limitaciones de personal y recursos existentes en distintas regiones del país.