Ley de Envejecimiento Digno: Estos son los 15 derechos que protege la nueva normativa para las personas mayores

El Tribunal Constitucional dio luz verde a la Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, normativa aprobada por el Congreso Nacional que busca fortalecer la protección de los derechos de este importante grupo de la población. La iniciativa establece un marco legal orientado a garantizar una mejor calidad de vida para las personas mayores, promoviendo su inclusión, participación e integración plena en la sociedad.

La nueva legislación tiene como principal objetivo resguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores, impulsando políticas públicas que fomenten un envejecimiento digno, activo y saludable. En ese contexto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, destacó la relevancia de esta medida, señalando que representa “un significativo avance y una respuesta a todas las personas mayores que esperan y anhelan un nuevo trato”.

Entre los principales aspectos de la ley se encuentra la protección de 15 derechos específicos para las personas mayores. Entre ellos destacan el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación arbitraria por razones de edad, el acceso a un trato digno y respetuoso, la atención preferente, el acceso a la justicia y la promoción de sus derechos humanos. Además, la normativa garantiza derechos relacionados con la independencia, la autonomía y una vida libre de violencia.

La ley también incorpora medidas destinadas a fortalecer la participación social y comunitaria de las personas mayores. En esa línea, se reconocen derechos vinculados al acceso a la salud, la educación, el trabajo, la conectividad y la libertad de expresión, así como el acceso al ocio, el deporte, la vida activa y el turismo. Asimismo, se resguarda el derecho a la privacidad y a la intimidad, promoviendo una mayor integración y bienestar para este grupo de la población.

Otro de los puntos relevantes de la normativa es la protección especial para las personas mayores con dependencia. La ley establece una definición de abandono social y crea un nuevo procedimiento en los tribunales de familia para enfrentar estas situaciones. Esto permitirá aplicar medidas de protección de manera más rápida y eficiente, entregando soluciones de cuidado más amplias que la sola institucionalización en establecimientos de larga estadía.

Con esta nueva legislación, el Estado busca avanzar hacia un sistema de protección integral que reconozca las necesidades y desafíos de las personas mayores, fortaleciendo su autonomía y asegurando condiciones que favorezcan un envejecimiento con mayor dignidad y participación en la sociedad.