Prisión preventiva para cuatro imputados en caso que investiga red de comercio ilegal de recursos hidrobiológicos entre Los Ríos y Los Lagos

El Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro imputados formalizados en el marco de la investigación conocida como “Operación Nereida”, causa que indaga el funcionamiento de una presunta red dedicada al comercio ilegal de recursos hidrobiológicos entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

La resolución fue dada a conocer durante la audiencia de formalización de los 54 detenidos vinculados a la causa, instancia en la que la Fiscalía presentó nuevos antecedentes sobre una compleja estructura criminal que habría operado mediante mecanismos coordinados de abastecimiento, transporte y distribución de productos del mar obtenidos presuntamente al margen de la normativa vigente.

La investigación, desarrollada por el Ministerio Público en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), permitió identificar tres organizaciones que habrían actuado de manera articulada para abastecer distintos puntos de venta en Valdivia y otras ciudades del país.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, una de estas estructuras era liderada por dos imputados encargados de obtener recursos hidrobiológicos en Calbuco para posteriormente trasladarlos a Valdivia, principalmente durante la madrugada. La organización contaba además con colaboradores que gestionaban la recaudación de dinero, coordinaban la distribución de los cargamentos y facilitaban el funcionamiento de la red.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación corresponde a la presunta participación de funcionarios públicos. Entre ellos figuran un exdirector regional de Sernapesca en Los Ríos, un integrante del gabinete de la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, además de ser su asesor y un funcionario activo de Carabineros perteneciente a la Tenencia de Carreteras de Paillaco. De acuerdo con la Fiscalía, este último habría proporcionado información sobre controles policiales y fiscalizaciones, además de intervenir en procedimientos para favorecer a integrantes de la organización.

Como ejemplo, el Ministerio Público relató un hecho ocurrido en febrero de 2025, cuando un cargamento de merluza austral sin la documentación requerida fue fiscalizado en la Ruta 5 Sur. Según la investigación, tras una llamada telefónica realizada por uno de los imputados, el funcionario habría intervenido para evitar que el procedimiento continuara, permitiendo que el transporte siguiera su trayecto.

Asimismo, la Fiscalía señaló que cinco trabajadoras del peaje troncal de La Unión habrían colaborado entregando información sobre controles de Carabineros y Sernapesca, facilitando el desplazamiento de los cargamentos.

Los antecedentes también dan cuenta de una segunda estructura criminal liderada por un imputado que coordinaba la adquisición y comercialización de especies como merluza, corvina, congrio, pejerrey y locos provenientes de Valdivia, Puerto Montt y Calbuco. Estos productos habrían sido comercializados sin documentación que acreditara su origen legal.

Una tercera organización estaba integrada por una madre y su hijo, quienes presuntamente coordinaban el abastecimiento y traslado de recursos hidrobiológicos desde la Región de Los Lagos hacia Valdivia. Según la investigación, abastecían regularmente a comerciantes de la Feria Fluvial y del Mercado Municipal, movilizando cargamentos de entre 2.500 y 3.000 kilos por viaje.

La formalización permitió además identificar una amplia red de comercialización que incluía puestos de la Feria Fluvial de Valdivia, locales del Mercado Municipal, pescaderías, restaurantes de Valdivia, Corral y Los Molinos, además de compradores en otras regiones del país, incluyendo el Terminal Pesquero de Santiago.

De acuerdo con la acusación, los recursos comercializados correspondían principalmente a merluza austral, congrio dorado, corvina y otras especies cuyo origen legal no habría podido ser acreditado. La causa contempla delitos de asociación delictiva, comercialización de recursos hidrobiológicos provenientes de pesquerías sobreexplotadas o colapsadas, cohecho, soborno, lavado de activos y otros ilícitos asociados.

La audiencia de formalización continúa mientras el tribunal analiza las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía respecto de los demás imputados involucrados en la investigación.