La Comisión de Pesca del Senado inició el estudio de un proyecto de ley presentado por el senador Iván Flores, junto a los integrantes de dicha instancia legislativa, que busca incorporar en la Ley de Pesca y Acuicultura el delito especial de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos. La iniciativa pretende fortalecer la persecución penal de quienes participan en redes criminales dedicadas a la extracción y comercialización ilegal de especies marinas, estableciendo sanciones más severas y nuevas herramientas para combatir este fenómeno.
Según explicó el parlamentario, la propuesta responde al crecimiento de organizaciones que han convertido la pesca ilegal en una actividad altamente lucrativa. Flores sostuvo que esta práctica se encuentra entre el segundo y tercer negocio ilícito más rentable a nivel mundial, solo superada por el narcotráfico. En ese sentido, enfatizó la necesidad de dotar al Estado de mayores capacidades para enfrentar estas acciones criminales que afectan la seguridad, la salud pública y el orden económico e institucional del país.
El senador destacó además el respaldo transversal obtenido por la iniciativa, la que fue firmada por los integrantes de la Comisión de Pesca. A su juicio, la nueva legislación permitirá enfrentar de manera más efectiva la infiltración del crimen organizado en distintos sectores productivos, particularmente en actividades relacionadas con la explotación de recursos hidrobiológicos.
La propuesta surge en medio de investigaciones recientes que permitieron desbaratar una operación ilegal en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, donde se detectó un fraude superior a los 9 mil millones de pesos y transacciones asociadas que superarían los 25 mil millones. De acuerdo con Flores, estos casos evidencian la existencia de complejas redes delictuales que involucran a diversos actores, incluyendo funcionarios públicos, policías, transportistas y otras personas que facilitan el traslado y comercialización de los productos obtenidos ilegalmente.
El proyecto contempla sancionar el tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos con penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio, considerando la gravedad de las conductas y el riesgo que representan para el patrimonio natural del país. El objetivo es perseguir a quienes integran organizaciones dedicadas a lucrar con la explotación ilegal de especies marinas, afectando tanto los ecosistemas como el correcto funcionamiento de las instituciones públicas.
Asimismo, la iniciativa propone incorporar este nuevo delito a la Ley N.º 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. De esta manera, las empresas que participen o faciliten este tipo de actividades ilícitas también podrán ser sancionadas conforme a las disposiciones establecidas en dicha normativa.




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