Con acuerdos transversales: Llega a Sala proyecto sobre expulsión administrativa de migrantes irregulares

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado despachó en particular el proyecto de ley que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, con el objetivo de perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de personas extranjeras. La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, avanzó tras una serie de sesiones y audiencias en las que participaron autoridades y especialistas en la materia.

Durante la discusión, uno de los puntos más controvertidos fue la indicación presentada inicialmente por el Ejecutivo que permitía solicitar información sobre migrantes en situación irregular a centros de salud y establecimientos educacionales. La presidenta de la comisión, la senadora Danisa Astudillo, destacó que se alcanzaron acuerdos para resguardar lo que calificó como “líneas rojas que no podíamos cruzar como país”, evitando que estas instituciones se transformaran en fuentes de información para procesos de expulsión.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que la propuesta original buscaba facilitar el acceso a información de organismos públicos y privados con el fin de contactar, notificar y materializar las órdenes de expulsión administrativa. Sin embargo, reconoció que las observaciones planteadas durante la tramitación fueron acogidas, incorporándose resguardos especiales para proteger el acceso a la salud y a la educación.

Entre las modificaciones acordadas se establecieron excepciones destinadas a evitar que personas migrantes se abstengan de acudir a centros de salud públicos o privados por temor a ser identificadas. Asimismo, se reforzó la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes, limitando el uso de información que pudiera afectar sus derechos.

El acuerdo alcanzado fue valorado transversalmente por los integrantes de la comisión, quienes destacaron que las nuevas disposiciones incluyen precisiones y adecuaciones orientadas a garantizar una correcta interpretación y aplicación de la normativa. No obstante, la senadora Loreto Carvajal manifestó dudas respecto de la etapa específica del proceso de expulsión en la que se solicitarían determinados datos personales, motivo por el cual optó por abstenerse en algunas votaciones.

Tras el despacho del proyecto a la Sala del Senado, la senadora Astudillo expresó su satisfacción por el resultado obtenido. La parlamentaria señaló que, pese a las diferencias iniciales con el Ejecutivo, el trabajo conjunto y las opiniones de especialistas permitieron construir una redacción que recogiera las principales preocupaciones planteadas por la comisión.

La legisladora agregó que el respaldo al proyecto responde también a la necesidad de agilizar los procesos de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delitos o infracciones graves en el país. En esa línea, destacó que la comisión cumplió con el compromiso de tramitar con rapidez una iniciativa considerada relevante para fortalecer la gestión migratoria.

Finalmente, Astudillo subrayó que la discusión legislativa permitió generar un clima de confianza entre sectores con posiciones distintas en materia migratoria. A su juicio, el acuerdo alcanzado demuestra que es posible avanzar en soluciones compartidas cuando existe voluntad política y disposición al diálogo, sentando además las bases para futuras reformas en la materia.