La Comisión de Economía inició la discusión general del proyecto de ley que modifica la ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación, con el objetivo de actualizar el marco normativo frente al avance de la digitalización de trámites y transacciones. La iniciativa, ingresada por el Ejecutivo, busca equiparar la validez jurídica de los documentos firmados electrónicamente con aquellos suscritos en papel, además de incorporar nuevas herramientas para fortalecer la seguridad y certeza de las operaciones digitales.
Entre las principales innovaciones del proyecto se encuentra la incorporación del sellado de tiempo, mecanismo que permitirá certificar la fecha y hora en que fueron suscritos los documentos electrónicos. Asimismo, la propuesta habilita el uso de la Firma Electrónica Avanzada para reemplazar la certificación notarial de firmas en aquellos casos donde la intervención del notario tenga como único propósito acreditar la identidad del firmante.
La iniciativa también fortalece el valor probatorio de los documentos electrónicos ante los tribunales y autoriza la emisión de pagarés y letras de cambio electrónicos con mérito ejecutivo, facilitando el uso de instrumentos digitales en operaciones comerciales y financieras. Según el Ejecutivo, estas modificaciones buscan impulsar la transformación digital, reducir costos y simplificar trámites para personas y empresas, manteniendo los resguardos necesarios para garantizar la seguridad jurídica.
Durante la sesión, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto al subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, explicaron que la reforma responde a una realidad en la que gran parte de los servicios financieros, contratos y trámites ya se realizan de manera digital. En ese contexto, señalaron que la participación notarial se mantendrá únicamente en aquellos actos donde aporte un valor jurídico relevante, mientras que en otros procedimientos podrá ser reemplazada por mecanismos tecnológicos seguros.
En la discusión también participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien sostuvo que el proyecto busca modernizar la legislación vigente, disminuir las exigencias de presencialidad y reducir los costos asociados a diversos trámites. La autoridad indicó que una gestión notarial demora, en promedio, una hora y trece minutos, por lo que la propuesta pretende facilitar el acceso a herramientas digitales y agilizar distintos procedimientos para la ciudadanía y las empresas.
El debate legislativo también recogió observaciones de los parlamentarios. El diputado Diego Schalper valoró la iniciativa y afirmó que permitirá dinamizar la actividad económica, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, al facilitar procesos administrativos mediante mecanismos digitales más ágiles. A su juicio, el proyecto representa un paso importante para fortalecer la economía digital y avanzar hacia un país con mayor desarrollo tecnológico.
En tanto, la diputada Carolina Cucumides manifestó que el avance hacia la digitalización debe considerar las brechas de conectividad existentes en distintas zonas del país. La parlamentaria advirtió que las pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores rurales, así como las personas con menor acceso a herramientas tecnológicas, no pueden quedar excluidas de este proceso de modernización. Por ello, planteó la necesidad de incorporar medidas que permitan garantizar un acceso equitativo y avanzar gradualmente hacia un sistema digital inclusivo.
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