Analizan agresiones contra defensores ambientales en comisión técnica

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara escuchó la exposición de la Fundación Escazú Ahora, que presentó un balance sobre la situación de las y los defensores ambientales en Chile durante 2025. El informe, elaborado a partir de contacto directo con afectados, encuestas anuales y revisión de medios de comunicación, advirtió que se trata de un registro muestral, por lo que podrían existir más casos de agresiones que no han sido denunciados.

Según la fundación, durante 2025 se registraron 72 agresiones contra 67 personas defensoras ambientales, la cifra más alta desde 2023 y un incremento de 148,2% respecto del año anterior. Los casos se concentraron principalmente en la Región Metropolitana y La Araucanía, mientras que las agresiones más frecuentes correspondieron a hechos de difamación (36,1%) y violencia física (33,3%).

El estudio también indicó que el 82,9% de las personas que denunciaron agresiones no obtuvo una respuesta suficiente por parte del sistema de justicia. Además, un 31,5% decidió no emprender acciones legales tras los hechos. Entre quienes sí presentaron denuncias, aumentó el porcentaje de casos ingresados a la Fiscalía, pasando de 8,51% en 2024 a 16,4% en 2025.

Durante el debate, el diputado Gustavo Gatica valoró la presentación de la Fundación Escazú Ahora y destacó la relevancia de que estos antecedentes sean conocidos por la comisión. Expresó su preocupación por la violencia que enfrentan las personas defensoras del medio ambiente y señaló que las cifras son especialmente inquietantes considerando que América Latina registra altos niveles de agresiones contra quienes realizan esta labor.

El parlamentario también advirtió que el elevado porcentaje de personas que no denuncian las agresiones contribuye a una situación de indefensión y dificulta que el Estado conozca estos hechos. En ese contexto, sostuvo que el Poder Legislativo puede desempeñar un rol importante mediante la promoción de medidas que fortalezcan la protección de los defensores ambientales y mejoren el acceso a la justicia.

En contraste, el diputado Leandro Kunstmann cuestionó la metodología y las cifras presentadas por la organización. Afirmó que, en ocasiones, se instrumentalizan tragedias humanas y citó como ejemplo el caso de Julia Chuñil, señalando que se instalan determinadas narrativas antes de que existan conclusiones judiciales sobre los hechos.

Asimismo, Kunstmann planteó reparos al uso del concepto de "causas en trámite" durante la exposición, argumentando que este podría interpretarse erróneamente como una señal de agresión o de falta de respuesta del sistema de justicia. A su juicio, muchas investigaciones permanecen abiertas porque no existen antecedentes suficientes para adoptar una decisión, lo que no implica necesariamente que haya existido discriminación o desprotección hacia la persona denunciante.