Llega al Senado moción que obliga a los organizadores de eventos deportivos a pagar por la recuperación del espacio público

Cada fin de semana, la realización de partidos de fútbol profesional y otros espectáculos masivos genera reclamos entre vecinos que viven en las inmediaciones de los recintos deportivos. Ruido excesivo, robos de vehículos, congestión vehicular, daños al espacio público e incluso agresiones a peatones figuran entre las situaciones que han sido denunciadas por las comunidades afectadas.

Ante este escenario, un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados busca establecer nuevas obligaciones para las asociaciones, clubes y dirigentes vinculados al fútbol profesional, con el objetivo de que los organizadores adopten medidas destinadas a reducir el impacto que estos eventos generan en los barrios donde se desarrollan.

La iniciativa será revisada ahora por la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado. En sus fundamentos, el proyecto advierte sobre la existencia de ilícitos penales y administrativos, además de otras externalidades que, según sus autores, alteran durante los fines de semana el normal funcionamiento de los servicios públicos y la vida cotidiana de los barrios cercanos a los recintos.

Una de las medidas propuestas establece que, cuando se trate de eventos organizados por entidades con fines de lucro y cuyo aforo supere las 10 mil personas, los organizadores deberán pagar los derechos municipales correspondientes por concepto de recuperación del espacio público.

El pago deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes a la autorización del evento, mientras que los recursos recaudados serán destinados a labores de limpieza, reparación, vigilancia y recuperación de los espacios públicos que hayan sido afectados. La regulación de estos derechos quedaría establecida mediante la respectiva ordenanza municipal.

La propuesta también contempla una mayor participación de las comunidades en la planificación de los espectáculos de fútbol profesional. Para ello, los organizadores deberán participar en las instancias de coordinación territorial convocadas por los organismos competentes y considerar las observaciones y propuestas formuladas por organizaciones comunitarias ubicadas en las inmediaciones del recinto.

Estos antecedentes deberán ser considerados para actualizar los planes de seguridad presentados ante la delegación correspondiente y para incorporar medidas adicionales, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad de vecinos y asistentes.

Entre las obligaciones planteadas se encuentra además informar, con al menos 15 días de anticipación, a la municipalidad y a los residentes cercanos sobre la fecha, horario, lugar de realización del evento y cantidad estimada de asistentes. Esta información sería regulada mediante una ordenanza municipal.

El proyecto también propone que los organizadores habiliten canales de consulta y recepción de observaciones, tanto presenciales como digitales, para que las personas y organizaciones del sector puedan formular sugerencias, consultas o reclamos antes y después de cada espectáculo.

Finalmente, la iniciativa plantea que la información y los antecedentes entregados por la comunidad sean considerados en la elaboración o actualización de los planes de seguridad. De esta manera, se busca incorporar las inquietudes de los barrios directamente afectados por la realización de eventos deportivos masivos.