La Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias entre ambas cámaras respecto del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica ha desarrollado tres sesiones para avanzar en acuerdos sobre la iniciativa, que busca fortalecer las herramientas del Estado para prevenir y detectar operaciones vinculadas al crimen organizado.
La instancia, presidida por el senador Karim Bianchi, ha identificado como principales materias de discusión el alzamiento del secreto bancario, el eventual congelamiento administrativo de cuentas, la gobernanza de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la gestión de información por parte del sistema financiero y una eventual regulación de las criptomonedas.
El proyecto tiene como propósito fortalecer el sistema de inteligencia económica mediante una coordinación entre la UAF, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, con el objetivo de mejorar la detección y persecución de operaciones relacionadas con delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo.
En ese contexto, el presidente de la Comisión Mixta planteó la necesidad de avanzar primero en aquellas disposiciones que cuentan con mayor consenso, para concentrar posteriormente el debate en materias más complejas, especialmente en torno al acceso a información protegida por secreto bancario. Bianchi también solicitó una mayor coordinación entre los ministerios de Hacienda y Seguridad para abordar las dudas planteadas durante la discusión.
Entre las divergencias que debe resolver la instancia se encuentra la creación y alcance del Subsistema de Inteligencia y Análisis Económico, integrado por la UAF, el SII y Aduanas, además de las atribuciones del Comité de Coordinación, Prevención y Seguridad y las facultades de la UAF para requerir información sujeta a secreto bancario sin una autorización judicial previa.
Otro de los puntos en discusión corresponde a las disposiciones relacionadas con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), particularmente en materias de idoneidad, sanciones e inhabilidades. De acuerdo con el Senado, el debate ha incorporado propuestas destinadas a compatibilizar una mayor rapidez en las investigaciones con el resguardo de las garantías legales.
El alzamiento del secreto bancario se ha transformado en uno de los principales nudos de la discusión. Según los antecedentes expuestos ante la Comisión, entre 2017 y agosto de 2025 la UAF presentó 64 solicitudes de alzamiento ante los tribunales, de las cuales 63 fueron aprobadas. A partir de estas cifras, parlamentarios han planteado distintas posiciones respecto de si este procedimiento debería mantenerse bajo control judicial o trasladarse a una instancia administrativa.
También se ha planteado modificar la estructura y gobernanza de la UAF, con propuestas orientadas a fortalecer su autonomía técnica. Asimismo, se ha discutido la posibilidad de establecer responsabilidades más severas frente a eventuales filtraciones de información asociadas al ejercicio de facultades de carácter intrusivo.
Otro de los aspectos abordados corresponde a la posibilidad de permitir a la UAF disponer del congelamiento administrativo y precautorio de cuentas bancarias en determinadas situaciones, como casos de flagrancia o estafas masivas. La medida tendría como finalidad impedir temporalmente el retiro o transferencia de fondos mientras se tramitan las respectivas autorizaciones judiciales.
La Comisión también abordó el funcionamiento del sistema financiero y los tiempos de respuesta de las entidades bancarias frente a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Durante la discusión se planteó la necesidad de mejorar el procesamiento de la información financiera, considerando que la entrega de grandes volúmenes de datos sin un análisis previo puede dificultar las labores de inteligencia económica.
A esto se suma la discusión sobre la eventual regulación de criptomonedas y plataformas Fintech, materias que han adquirido relevancia dentro del debate debido a su utilización en operaciones financieras y a los desafíos que representan para los organismos encargados de detectar movimientos sospechosos.
Como próximos pasos, la Comisión acordó conformar un grupo de trabajo integrado por asesores parlamentarios y representantes del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de elaborar propuestas de consenso en materias relacionadas con procedimientos, plazos y gobernanza.
Además, se acordó solicitar al Ministerio Público antecedentes sobre casos con sentencias condenatorias que permitan determinar la necesidad práctica de contar con facultades administrativas más expeditas. La Comisión Mixta continuará posteriormente con una ronda de audiencias en la que se espera recibir a representantes de la UAF, la CMF, el SII, Aduanas, el Ministerio Público y especialistas en inteligencia financiera.



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