Junaeb expuso por presuntas irregularidades en alimentación escolar

La comisión investigadora encargada de revisar eventuales irregularidades en la entrega de raciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) durante el período 2019-2024, en la Región de O’Higgins, recibió al director nacional del organismo, Fernando Peña, quien expuso antecedentes relacionados con los contratos suscritos con la empresa Soser y los pagos efectuados por servicios de alimentación que no se habrían concretado.

 

Durante su presentación, la autoridad abordó antecedentes de la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondiente al período 2021-2023, proceso que actualmente es materia de una investigación del Ministerio Público. Entre los aspectos expuestos estuvieron las modificaciones contractuales, los ajustes en la cantidad de raciones y las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República.

 

Según informó Peña, durante ese período se realizaron pagos por un total de $14.363 millones por productos que no habrían sido servidos a los estudiantes. La cifra forma parte de los antecedentes revisados por la comisión investigadora y de las indagatorias que actualmente desarrolla el Ministerio Público.

 

El director nacional también explicó que, en 2019, Junaeb contrató mediante trato directo, por $120 millones, a la empresa Inventia Consultores SpA para elaborar las bases de la licitación. Asimismo, se refirió a la eliminación de las bandas de precios y a las posteriores modificaciones de los contratos y ajustes en el número de raciones contempladas.

 

En la instancia, además, se entregaron antecedentes sobre la denuncia presentada por Junaeb ante el Ministerio Público en mayo de 2026, luego de una auditoría interna. La investigación busca esclarecer eventuales delitos de fraude al fisco, soborno, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.

 

Frente a las situaciones detectadas, Junaeb informó una serie de medidas destinadas a reforzar sus mecanismos de control. Entre ellas se encuentra la restitución de las bandas de precios mínimos y máximos, además del retorno de la elaboración de las bases de licitación a equipos técnicos internos del organismo.

 

También se informó la implementación del sistema PAE Online, herramienta destinada a verificar las raciones efectivamente entregadas en función de la matrícula de cada establecimiento. A ello se suma la incorporación de un nuevo modelo de multas y el fortalecimiento del seguimiento de los contratos y del control asociado a los procesos de toma de razón de la Contraloría.

 

Parlamentarios piden fortalecer mecanismos de control:

 

Durante el debate, las y los integrantes de la comisión investigadora calificaron la situación como un hecho que debe permitir extraer lecciones para perfeccionar y modernizar los mecanismos de control de Junaeb, con el objetivo de prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir en O’Higgins o en otras regiones del país.

 

Uno de los principales puntos planteados fue la necesidad de contar con mecanismos más precisos para determinar las raciones efectivamente servidas y consumidas por los estudiantes. Según expusieron, disponer de información confiable permitiría mejorar los modelos de gestión y establecer de manera adecuada los pagos asociados a los servicios de alimentación.

 

Asimismo, los parlamentarios plantearon la necesidad de determinar si las irregularidades detectadas en la Región de O’Higgins pudieron haberse replicado en otras zonas del país. En ese contexto, solicitaron una revisión de los contratos de alimentación a nivel nacional y de la eventual existencia de sobreprecios.

 

Otro de los aspectos cuestionados fue la participación en nuevas licitaciones de empresas que acumulan multas por incumplimientos contractuales. Al respecto, se propuso revisar los mecanismos existentes para establecer eventuales restricciones temporales mientras las compañías no subsanen las situaciones observadas.

 

La comisión también abordó la situación de las manipuladoras de alimentos, particularmente a raíz de despidos registrados en algunas comunas, y planteó la necesidad de resguardar sus condiciones laborales en el marco de los contratos de alimentación escolar.

 

Finalmente, las y los parlamentarios pusieron énfasis en la calidad de los alimentos entregados a niños y niñas, el uso transparente de los recursos públicos y la modernización de los sistemas de gestión y fiscalización de Junaeb.

 

En paralelo, surgieron cuestionamientos respecto del diseño de las bases de licitación, debido a que su elaboración fue encargada a una empresa externa constituida en 2019. En este punto, los integrantes de la comisión plantearon la necesidad de esclarecer cómo se desarrolló dicho proceso y si tuvo alguna incidencia en las situaciones que actualmente son objeto de investigación.