Cambios a la Ley Ricarte Soto: Buscan que el alza del fondo sea sostenible

La Comisión de Salud del Senado inició el análisis de un proyecto de ley que busca fortalecer la sostenibilidad financiera del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, conocido como Ley Ricarte Soto, mediante un aumento de los recursos fiscales destinados a financiar enfermedades y tratamientos de alto costo.

 

La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional y cuenta con urgencia suma, fue presentada ante la comisión por la ministra de Salud, May Chomali, quien explicó que el Gobierno decidió recoger el proyecto impulsado durante la administración anterior, considerando la necesidad de inyectar nuevos recursos al fondo. No obstante, señaló que no se descarta presentar indicaciones durante su tramitación.

 

Durante la sesión, los integrantes de la comisión también solicitaron al Ejecutivo distinguir entre la discusión presupuestaria que se desarrolla en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, relacionada con una rebaja de $28 mil millones a la Ley Ricarte Soto, y el estudio del proyecto que busca modificar su mecanismo de financiamiento.

 

En su exposición, la ministra Chomali recordó que la Ley Ricarte Soto cumplió diez años desde su implementación, por lo que consideró necesario realizar un balance y actualizar algunos de sus mecanismos. Actualmente, el sistema beneficia a cerca de 52 mil pacientes, contempla 27 enfermedades y garantiza 67 tecnologías sanitarias.

 

La secretaria de Estado explicó que desde 2019 no se incorporan nuevas enfermedades al sistema, mientras que durante 2024 solo se realizaron modificaciones relacionadas con patologías que ya contaban con cobertura. Esta situación ha provocado una acumulación de solicitudes de pacientes y organizaciones que buscan ampliar los beneficios.

 

Asimismo, advirtió que el gasto efectivo del fondo ha superado de manera sostenida los recursos presupuestados. Según indicó, la Dirección de Presupuestos ya había advertido en 2021 que, a partir de 2026, no existiría holgura financiera para mantener el sistema, debido al crecimiento de la demanda y al agotamiento de los recursos disponibles.

 

Respecto de las modificaciones propuestas, el proyecto contempla aumentar el aporte fiscal anual al fondo desde los actuales $100 mil millones hasta $185 mil millones. Además, plantea elevar el límite de gastos desde el 80% al 90%, permitir aportes fiscales adicionales e introducir cambios en los procedimientos de evaluación científica y selección de diagnósticos y tratamientos de alto costo.

 

La iniciativa también considera nuevas disposiciones relacionadas con la publicación y actualización del Precio Máximo Industrial de los medicamentos y tecnologías sanitarias, además de mecanismos para facilitar la incorporación de determinadas prestaciones al Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES).

 

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Salud, senador Juan Luis Castro, manifestó su preocupación por la posibilidad de que el proyecto se concentre exclusivamente en aumentar los recursos disponibles, sin garantizar la incorporación de nuevas patologías. En esa línea, solicitó conocer las proyecciones de gasto y demanda para los próximos años.

 

Por su parte, el senador Enrique Lee destacó la importancia de financiar tecnologías diagnósticas de alto costo, pero planteó la necesidad de distribuir adecuadamente los recursos públicos disponibles, considerando a todos los pacientes que requieren estos tratamientos.

 

La senadora Ximena Órdenes también expresó inquietud por la sostenibilidad financiera del sistema y la eventual reducción de recursos contemplada en la discusión presupuestaria. Además, consultó sobre las posibilidades de ampliar la cobertura de enfermedades y las garantías que tendrían los pacientes ante un eventual traspaso de prestaciones al GES.

 

En tanto, la senadora Karol Cariola cuestionó la rebaja presupuestaria de $28 mil millones asociada a la Ley Ricarte Soto y planteó dudas sobre si el incremento del aporte fiscal será suficiente para responder al aumento del gasto. También solicitó claridad respecto de la continuidad de las coberturas para quienes eventualmente sean incorporados al GES.

 

Frente a las inquietudes, la ministra de Salud reconoció que no existen certezas absolutas de que el aumento de recursos propuesto sea suficiente para cubrir las necesidades futuras. Sin embargo, explicó que el proyecto incorpora herramientas para otorgar mayor flexibilidad financiera, negociar mejores precios y reducir los costos de los tratamientos mediante mecanismos como la intercambiabilidad de medicamentos.

 

Finalmente, la autoridad sostuvo que una reducción de los costos asociados a las patologías actualmente cubiertas podría generar condiciones para incorporar nuevas enfermedades al sistema, uno de los principales desafíos planteados durante el debate legislativo.