La senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes, manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios considerados durante la tramitación del Presupuesto de la Nación, advirtiendo que los ajustes podrían afectar el acceso de la ciudadanía a distintos derechos y beneficios sociales.
La parlamentaria, integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, abordó el tema en el programa Profundidad de Campos de TV Senado, donde cuestionó los criterios utilizados para definir las reducciones presupuestarias en distintas áreas del Estado.
En ese contexto, advirtió que entre los programas e iniciativas que podrían verse afectados se encuentran la gratuidad universitaria, la Ley Ricarte Soto y el programa “Yo Elijo Mi PC”, entre otros. Si bien reconoció que es posible mejorar la eficiencia de las políticas públicas, cuestionó que se instruya a todos los ministerios a realizar ajustes del 3% sin considerar las particularidades de cada sector.
“Cuando un Gobierno instruye que todos los ministerios se ajusten un 3%, no hay ningún criterio. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿se está buscando eficiencia o simplemente la razón de ser es recortar?”, planteó la senadora.
Asimismo, la legisladora apuntó a lo que considera inconsistencias en la política fiscal del Ejecutivo, debido a que, mientras se proponen reducciones presupuestarias en distintos programas, también se solicitan autorizaciones para aumentar el endeudamiento del país. En ese sentido, indicó que el Gobierno está pidiendo autorización para contraer deuda por US$25.000 millones en el marco de la Ley de Presupuestos.
Órdenes sostuvo que las decisiones presupuestarias deben analizarse de manera integral, considerando el impacto que los recortes podrían tener en la población y cuestionando si las medidas permitirán alcanzar los resultados esperados.
Críticas a la política de seguridad:
Durante la entrevista, la senadora también abordó la situación de seguridad en el país y cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno durante la campaña presidencial. A su juicio, existe una diferencia entre los anuncios realizados y las medidas concretas implementadas en esta materia.
“Si hay algo que refleja una inconsistencia bien importante respecto de lo prometido en campaña tiene que ver con el tema de la seguridad”, señaló, agregando que, pese a que se presentó como una de las principales prioridades, las iniciativas anunciadas no estuvieron acompañadas de un plan suficientemente claro.
En relación con la entrada en vigencia de la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), la parlamentaria manifestó reparos respecto de algunos de sus alcances, indicando que, desde la oposición, consideran que la normativa entrega atribuciones demasiado amplias a las policías en determinadas circunstancias, lo que podría afectar ciertas libertades.
En esa línea, sostuvo que el país requiere fortalecer las capacidades operativas de las instituciones policiales y mejorar el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso para avanzar en una legislación más precisa y efectiva. Asimismo, cuestionó la falta de conversaciones anticipadas que permitan perfeccionar las iniciativas antes de su discusión parlamentaria.
Cuestionamientos a las AFP por pérdidas millonarias:
Otro de los temas abordados por la senadora fueron las pérdidas millonarias registradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en los fondos más conservadores, situación frente a la cual cuestionó duramente el actuar de las siete administradoras.
Órdenes acusó que las AFP actuaron de manera irresponsable al tomar decisiones similares de inversión, pese a que existían advertencias sobre los riesgos asociados. A su juicio, las entidades operaron bajo una lógica de apuesta, privilegiando la posibilidad de obtener ganancias sin considerar adecuadamente las consecuencias para los ahorros previsionales de los trabajadores.
“El daño que se hizo hoy día a los futuros pensionados no se repara”, sostuvo la parlamentaria, quien también puso en duda la administración de los fondos y la existencia de mecanismos que permitan compensar a las personas afectadas.
Finalmente, hizo un llamado a establecer responsabilidades por las pérdidas registradas, apuntando no solo a las administradoras, sino también a los organismos encargados de fiscalizar y regular el funcionamiento del sistema previsional.


