El Gobierno presentó oficialmente la Estrategia Nacional de Minerales Críticos (EMC), impulsada por el Ministerio de Minería y encabezada por el Presidente Gabriel Boric, con el objetivo de preparar a Chile frente al acelerado aumento de la demanda global de minerales esenciales para la transición energética. La iniciativa busca fortalecer la posición del país en las cadenas globales de suministro vinculadas a tecnologías limpias, electromovilidad y energías renovables.
La estrategia reconoce una oportunidad estratégica inédita para Chile, sustentada en su potencial geológico, su experiencia minera y su capital humano especializado, en un escenario internacional marcado por una creciente competencia por asegurar suministros responsables de minerales críticos. En este contexto, el Ejecutivo destacó que la hoja de ruta permitirá consolidar el liderazgo minero del país, mejorar su competitividad y avanzar hacia una industria más resiliente y sostenible.
Desde el Ministerio de Minería se informó que la EMC identifica 14 minerales con potencial de desarrollo y se estructura en cinco pilares estratégicos, orientados a la facilitación de procesos, la mejora de la información geológica, el desarrollo de comunidades, los equilibrios ambientales y la formación de talento humano. Estos lineamientos apuntan a diversificar la matriz productiva y consolidar a Chile como un socio confiable y productor responsable a nivel internacional.
En tanto, el biministro de Economía, Fomento, Turismo y Energía destacó que la estrategia permitirá convertir el liderazgo minero del país en una plataforma para la innovación, la generación de empleos calificados y la atracción de inversiones. Así, la minería se proyecta como un motor de sofisticación productiva, impulsando proveedores tecnológicos, capital humano e innovación para una economía más compleja y resiliente.
La Estrategia Nacional de Minerales Críticos fue elaborada a partir de un proceso participativo que combinó estudios técnicos y diálogo multisectorial, con la participación de organismos públicos, academia, gremios, especialistas y la sociedad civil. El documento final se articula en cinco ejes centrales —producción y diversificación, minería responsable, agregación de valor, inserción internacional y capacidades habilitantes— y busca una implementación coordinada entre el sector público y privado, bajo principios de sostenibilidad ambiental, justicia territorial y respeto a los derechos humanos.





