A ley proyecto que busca reducir la evasión en el transporte público

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que busca fortalecer la fiscalización y aumentar las sanciones por la evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros. La iniciativa, que ahora pasa a fase de promulgación, apunta a enfrentar un fenómeno que genera importantes pérdidas económicas al sistema y al Estado.

El proyecto tiene su origen en una moción del diputado Carlos Bianchi, la cual fue refundida con un mensaje del Ejecutivo ingresado durante la administración anterior. En la sesión más reciente, la Cámara revisó y aprobó las modificaciones introducidas por el Senado con una amplia mayoría de 145 votos a favor y dos abstenciones, consolidando así un respaldo transversal a la propuesta.

Entre las principales innovaciones destaca la implementación de una “tarifa recargada”, que obligará a quienes evadan el pago a cancelar un monto superior al habitual cuando sean fiscalizados. Esta medida permitirá al infractor continuar su viaje sin ser expulsado del transporte, evitando además su incorporación inmediata al Registro de Evasores del Transporte Público.

La normativa también establece que el ingreso por puertas traseras sin autorización será considerado presunción de no pago, lo que conllevará sanciones. Asimismo, el uso indebido de beneficios tarifarios implicará la requisición y destrucción del instrumento utilizado de forma fraudulenta.

En materia de fiscalización, se amplían las facultades para detectar infracciones, incluyendo a Carabineros, inspectores fiscales y municipales, así como personal de Metro, EFE y operadores del transporte público. Además, se autoriza el uso de sistemas de autenticación biométrica para la identificación de infractores, y se contempla la posibilidad de traslado a una unidad policial en caso de negativa a proporcionar domicilio.

Otro cambio relevante es el traspaso del sistema de multas desde los juzgados de policía local a un modelo administrativo gestionado por la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes. Quienes paguen la multa dentro de 20 días hábiles podrán acceder a una rebaja del 50%, mientras que quienes no paguen ni impugnen enfrentarán el monto máximo de la sanción.

El proyecto también amplía las consecuencias de figurar en el Registro de Evasores. A las actuales restricciones, como la suspensión de beneficios tarifarios, licencias de conducir y devoluciones de impuestos, se suman nuevas medidas como la prohibición de asistir a partidos de fútbol profesional, la denegación de pasaporte y restricciones para obtener permisos de residencia. Asimismo, el período de estas sanciones se extenderá de tres a cinco años.

Durante el debate, parlamentarios de distintos sectores coincidieron en la necesidad de frenar la evasión, que actualmente bordea el 40% y representa un costo superior a los 100 millones de dólares anuales. Argumentaron que esta práctica perjudica a quienes sí cumplen con el pago y reduce recursos que podrían destinarse a políticas públicas.

Finalmente, el ministro de Transportes valoró la aprobación del proyecto, destacando que la reducción de la evasión es un objetivo transversal. Además, comprometió mejoras en seguridad para conductores, como la instalación de cabinas protectoras, y el fortalecimiento del transporte en zonas regionales y rurales.