A ley proyecto que prorroga los plazos para la autorización de personal de seguridad privada

El proyecto de ley que modifica la ley N° 21.659, sobre seguridad privada, quedó en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su firma y promulgación, tras ser aprobado por la Sala en los mismos términos ya despachados por la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa amplía el plazo para el cumplimiento de la normativa vigente y extiende la vigencia de las autorizaciones del personal de seguridad privada.

 

La propuesta establece una prórroga hasta el 28 de noviembre de 2026, reemplazando el plazo original fijado para el 28 de mayo de 2026. Con ello, se busca dar más tiempo para la implementación de las exigencias legales vinculadas a la seguridad privada, especialmente en lo relativo a la entrega y evaluación de los estudios de seguridad exigidos a diversas entidades del sistema financiero y de servicios.

 

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Karim Bianchi, explicó que el objetivo central del proyecto es extender los plazos asociados tanto a la entrega del primer estudio de seguridad por parte de empresas de transporte de valores, bancos, instituciones financieras, empresas de apoyo al giro bancario y estaciones de servicio, como a la vigencia de las autorizaciones del personal de seguridad privada, incluyendo vigilantes, guardias, porteros, nocheros y rondines.

 

Asimismo, se establece que la Subsecretaría de Prevención del Delito contará con un plazo de 90 días hábiles para pronunciarse respecto de los estudios de seguridad presentados por las entidades obligadas. Durante el debate legislativo, parlamentarios advirtieron que dificultades en la plataforma digital del Estado habrían impedido la correcta tramitación de estas autorizaciones.

 

Finalmente, los legisladores alertaron que, de no haberse aprobado la prórroga, cerca de 35 mil trabajadores podrían haberse visto afectados y en riesgo de perder sus empleos por la falta de autorizaciones vigentes. En ese contexto, se hizo un llamado al Ejecutivo a asumir un compromiso concreto para resolver los problemas de implementación durante el nuevo plazo establecido, evitando que la discusión de esta normativa deba reabrirse en el futuro.