Agricultores respaldaron proyecto que certifica la inocuidad del trigo importado

La Comisión de Agricultura continúa el estudio del proyecto que modifica la Ley 20.656. Dicha norma regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios. El objetivo es exigir la certificación de la inocuidad del trigo importado.

La propuesta, de origen en moción, busca la reducción de la exposición a sustancias peligrosas y trabajar hacia la eliminación total de éstas de nuestro consumo.

En la sesión, expuso Camilo Guzmán, presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos. El dirigente valoró la iniciativa y llamó a revisar la trazabilidad de los productos importados. En particular, apuntó a las trazas de agroquímicos prohibidos en Chile.

Explicó que existe incertidumbre en la calidad y seguridad del trigo importado, así como en el almacenamiento y transporte marítimo del cereal.

Informó que la producción nacional del cereal alcanza a 1.100 toneladas. Las importaciones, en tanto, llegan a 995 mil toneladas. Precisó que, según datos de Cotrisa, de 2023, el primer lugar de los importadores lo tiene Canadá, con 41%. Le siguen Estados Unidos (31%), Argentina (18%), Uruguay (8%) y Paraguay (0,1%).

Al respecto, llamó a poner atención a los ingredientes de los plaguicidas prohibidos que, sí son permitidos en otras latitudes, dependiendo de cada país, como el dicloruro paraquat, metomilo y clorpirifos.

Sobre el punto, enfatizó que es injusto que ingrese este trigo sin una revisión exhaustiva. Planteó que ello afecta a los productores agrícolas y pone en riesgo la salud de las y los chilenos.

Escasa fiscalización:

Camilo Guzmán lamentó la vigilancia residual de plaguicidas en los alimentos que realiza el Ministerio de Salud. Según explicó, tras una consulta realizada por la Asociación a la cartera, se conoció que ésta es una aplicación bianual. Así, se realizaron 113 muestras nacionales entre 2021-2022 y, una sola, al trigo estadounidense. Dicho tema, acotó, es delicado si se considera el total de toneladas y la entrada de 34 buques.

Comentó que, tampoco, se conoce dónde están las muestras buenas realizadas en 2023 y en 2024. En tal plano, acusó poca transparenta de parte del Servicio Agrícola Ganadero.

Como consecuencia de aquello, afirmó que existe competencia desleal con los productores nacionales, a quienes se los fiscaliza en desmedro del alimento importado. Además, manifestó su preocupación por el aumento del 109% en el cáncer, ya que “no sabemos si el trigo importado es inocuo para la salud”.

Finalmente, recalcó que la seguridad alimentaria “no es negociable” y se necesita saber, con certeza, la trazabilidad con un control estricto de los residuos de agroquímicos. Por ello, instó a legislar con premura.

Indap:

El grupo parlamentario también escuchó a la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), presidida por Carol Berrios.

Explicó que son actualmente 1.585 funcionarios, a nivel nacional, para atender a más de 170 mil usuarios de la agricultura familiar campesina que acceden a diversos programas. Sin embargo, señaló que la entidad presentará en 2025 un presupuesto de continuidad, que no incluye recursos para infraestructura y para mejorar las condiciones laborales y aumentar la dotación.

La dirigente informó que la planta se encuentra sin promoción hace más de dos años. Asimismo, acusó que los trabajadores a contrata están bajo la banda salarial respecto a otros servicios públicos y de mercado.

Por otra parte, existe obsolescencia tecnológica, falta de renovación de autos y mejora en los viáticos.