Buscan fortalecer la protección de espacios públicos y la convivencia ciudadana

La Comisión de Seguridad Pública del Senado será la encargada de analizar un proyecto de ley que busca modificar distintos cuerpos legales para reforzar la persecución de conductas que afectan la seguridad en espacios públicos y deterioran la convivencia ciudadana. La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por hechos que dañan bienes comunes y alteran el uso normal de lugares destinados a la vida en comunidad.

La moción fue presentada por la senadora Paulina Núñez junto a los senadores Karim Bianchi, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel e Iván Moreira. Según sus autores, el objetivo es proteger la infraestructura esencial que permite el funcionamiento cotidiano de la sociedad, como establecimientos educacionales, centros de salud y servicios de emergencia, frente a acciones que puedan perjudicar su integridad o funcionamiento.

El proyecto propone establecer una regulación más integral que garantice que el espacio público cumpla su función social, resguardando la seguridad y accesibilidad de las personas. En esa línea, uno de los puntos centrales es la modificación del concepto de “daño” en el Código Penal, incorporando como tal la alteración no autorizada de la apariencia de bienes muebles o inmuebles cuando esta sea significativa, duradera o costosa de remover.

De este modo, la iniciativa incluye explícitamente dentro de esta categoría prácticas como rayados, dibujos, firmas y pegatinas realizadas con pinturas o marcadores. Además, se establece que para determinar la sanción correspondiente, los tribunales deberán considerar el costo de limpieza, reparación o restauración de los bienes afectados.

El proyecto también refuerza la protección de bienes considerados especialmente sensibles, como establecimientos educacionales, recintos de salud —tanto públicos como privados—, vehículos e instalaciones de emergencia, así como infraestructura comunitaria en puentes, caminos y espacios públicos.

Asimismo, la propuesta busca cerrar vacíos legales en conductas que, aunque consideradas menores, contribuyen al deterioro del entorno. Entre ellas, se contemplan multas que superan los $280.000 para quienes abandonen basura o escombros en lugares como playas, carreteras, plazas o sitios eriazos.

La iniciativa también regula acciones que perturben gravemente la tranquilidad pública, como el uso no autorizado de dispositivos sonoros o amplificadores en espacios comunes. Finalmente, extiende la prohibición del consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas a bienes de dominio común en regímenes de copropiedad inmobiliaria, salvo en aquellos espacios donde exista autorización expresa.