Con la presencia del Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, y del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó las medidas adoptadas por el organismo para garantizar la seguridad de la información en las investigaciones penales.
En la oportunidad, Valencia dio cuenta de diversos cambios administrativos ya en curso, con el objeto de revertir una realidad preocupante, dado el impacto o uso comunicacional que muchas veces se hacen de esos datos filtrados.
Al respecto, el Fiscal Nacional confirmó la creación de un instructivo y de procedimientos determinados. Entre ellos, destaca la revisión del escenario digital con la regulación del uso de plataformas, el establecimiento de procesos únicos y uniformes para la revisión de carpetas y la búsqueda de responsabilidades directas en las filtraciones detectadas, donde ya se abrieron las causas que corresponden.
Puntos pendientes:
A juicio de Valencia se requiere además de una reforma amplia para proteger las etapas iniciales de la investigación. Sostuvo que, si bien la transparencia y la protección de la información no son excluyentes, tienen que equilibrarse.
En esa línea, resaltó la necesidad de garantizar el resguardo de la información, éxito de las indagatorias e integridad de los involucrados; sin que ello se interprete como censura, dado el activo rol de los medios de comunicación. Sobre todo, en aquellos delitos más bullados o de connotación social.
Incluso advirtió la necesidad de revisar la norma vigente que permite, en el marco de las investigaciones, que se entreguen datos del proceso a todos los intervinientes, lo que muchas veces se traduce en una filtración. Esto no solo atenta contra el éxito de la indagatoria, sino que también estigmatiza al imputado o aumenta la revictimización.
En tanto, el ministro Jaime Gajardo informó sobre la existencia de una comisión coordinadora permanente que evalúa el funcionamiento de la justicia penal. Integran la instancia el propio Ministerio Público, la Defensoría Penal, la Corte Suprema y ambas policías.
La autoridad explicó que se convocará de manera extraordinaria a la instancia para coordinar, con el conjunto de los estamentos que la componen, las medidas que se requiera para sustentar de mejor manera el éxito de las investigaciones.
Inquietud por filtraciones:
En la oportunidad las y los diputados plantearon su inquietud por el nivel de las filtraciones que derivan en verdaderos linchamientos mediáticos. Sostuvieron que ello causa un daño muy grave a la democracia y el sistema de justicia.
Al respecto, llamaron a buscar alternativas legales para evitar que los procesos penales se usen como herramienta política.
Señalaron que la modificación del Código Penal aparece como imprescindible, así como el desarrollo de mejoras en el sistema de inteligencia y perfeccionamientos operativos internos de la Fiscalía.
Asimismo, consultaron por los instructivos generales existentes, las sanciones administrativas contempladas en ellos y las medidas adoptadas en los casos en que se vulneró la norma.