Comisión de Educación revisó situación de Junaeb y eventuales irregularidades

La Comisión de Educación de la Cámara analizó los antecedentes relacionados con un eventual ocultamiento de información a la Contraloría General de la República por parte de la administración anterior de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Durante la última sesión, el director nacional del organismo, Fernando Peña, expuso los resultados obtenidos en el marco del denominado “Plan de Inspección Total”, impulsado por el Ejecutivo para revisar la gestión institucional.

Según informó la autoridad, la auditoría interna detectó irregularidades calificadas como “gravísimas”, entre ellas el pago de cerca de 14 mil millones de pesos por raciones de alimentos y colaciones que nunca fueron entregadas a estudiantes. Los antecedentes apuntan a que estas situaciones se concentraron principalmente en tres unidades territoriales de la Región de O’Higgins.

Peña detalló además el caso de la empresa Soser S.A., señalando que se identificaron diferencias significativas en los precios cobrados por distintos servicios. En la Región de O’Higgins, durante 2021, se proyectaron más de 800 mil raciones sin registro de entrega efectiva, pese a lo cual se realizaron pagos superiores a los 2 mil millones de pesos. Una situación similar se habría repetido en 2022, cuando se registraron nuevas proyecciones sin ejecución comprobada y desembolsos que superaron los 3.500 millones de pesos.

La investigación también abordó la contratación de la empresa Inventia Consultores SpA, que en 2019 fue adjudicada mediante trato directo por 120 millones de pesos para elaborar las bases de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondiente al período 2021-2023. De acuerdo con los antecedentes expuestos, el informe entregado por la consultora derivó posteriormente en modificaciones contractuales aprobadas durante 2022 y 2023 sin el control preventivo de legalidad de la Contraloría.

El director nacional de Junaeb informó que todos los antecedentes recopilados fueron remitidos tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio Público, con el fin de que se determinen las eventuales responsabilidades administrativas y penales que pudieran existir.

En la misma sesión, la Comisión de Educación abordó los posibles efectos de la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, emitida en abril de 2026, la cual planteó la posibilidad de descontinuar algunos programas administrados por Junaeb. La discusión generó inquietud respecto de la continuidad del Programa de Alimentación Escolar, uno de los principales beneficios que entrega la institución a estudiantes de todo el país.

A la instancia asistieron representantes de las y los manipuladores de alimentos. La presidenta de la Confederación de Trabajadores del Programa PAE-PAP, Alejandra Muñoz, manifestó la preocupación del sector ante una eventual interrupción del programa y destacó que la calidad del servicio está estrechamente ligada a las condiciones laborales de quienes lo ejecutan.

Los integrantes de la comisión coincidieron en la necesidad de esclarecer completamente los hechos denunciados, resguardar la transparencia y asegurar el correcto uso de los recursos públicos. Asimismo, enfatizaron la importancia de garantizar la continuidad y calidad del Programa de Alimentación Escolar, considerado fundamental para miles de estudiantes, y llamaron a evaluar cuidadosamente cualquier modificación que pudiera afectar su funcionamiento.