¿Cuánto gana un diputado en Chile en 2026? Contexto de su dieta y debates sobre su reducción

En 2026, los diputados y senadores en Chile continúan percibiendo una dieta parlamentaria mensual que, en términos brutos, alcanza aproximadamente $7.348.983 pesos chilenos al mes, cifra que representa la remuneración base estipulada por la ley para los parlamentarios del Congreso Nacional. A este monto se suman diversas asignaciones parlamentarias para gastos operativos, asesores y representación, que no forman parte del sueldo base pero conforman el costo total que implica para el Estado mantener a los legisladores en funciones.

Los valores mencionados son brutos, es decir, antes de descuentos previsionales y de salud, y han sido actualizados en la nómina oficial con cifras recogidas por el Portal de Transparencia del Gobierno y otros medios de comunicación. Las asignaciones parlamentarias varían según distrito y destino de los recursos, incluyendo gastos operacionales, personal de apoyo y otras partidas vinculadas al ejercicio de la labor legislativa.

El nivel de estas dietas ha sido objeto de cuestionamientos públicos y políticos, especialmente en momentos de presión social por la desigualdad de ingresos y comparaciones con el sueldo promedio y el salario mínimo en el país. Históricamente, diversas iniciativas presentadas en el Congreso han buscado reducciones o cambios en la forma de determinar la dieta parlamentaria. Por ejemplo, en 2019 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para rebajar en 50 % la dieta parlamentaria y creó mecanismos para definir montos futuros, aunque su implementación legal ha enfrentado demoras y debates dentro del mismo Parlamento.

Desde años anteriores, legisladores como Giorgio Jackson y Gabriel Boric han impulsado propuestas para fijar límites o normas más estrictas sobre la dieta parlamentaria, argumentando que los montos actuales son elevados en comparación con otros países y con los ingresos de la mayoría de la población. Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha prosperado definitivamente para cambiar la ley vigente o reducir de manera estructural las remuneraciones.

En el contexto político reciente, también han surgido iniciativas a nivel individual, como la decisión de parlamentarios electos del Partido de la Gente (PDG) de donar parte de su dieta parlamentaria a obras benéficas en lugar de recurrir a una rebaja legal de su sueldo, reconociendo las dificultades de legislar cambios en esta materia.

El debate sobre si los parlamentarios deben o no reducir voluntariamente sus ingresos o si estos deben ajustarse por ley sigue vigente en la agenda política chilena, con distintos sectores sociales y políticos planteando diversas posturas sobre la conveniencia, el simbolismo y las implicancias éticas de las dietas parlamentarias en un contexto de estrecheces económicas para amplios sectores de la población.