Discuten proyecto sobre denuncias falsas en juicios que involucran a menores

La Comisión de la Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó la discusión en general de un proyecto de ley que busca sancionar las denuncias falsas, reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales y establecer medidas de prevención. La iniciativa, correspondiente al boletín 18.326 y que se encuentra en primer trámite legislativo, fue analizada con la participación de representantes de distintas organizaciones civiles y ciudadanas.

 

El proyecto plantea la preocupación por el uso instrumental de denuncias e informes en procedimientos judiciales, particularmente en causas relacionadas con el cuidado personal de niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, busca sancionar aquellas conductas que, mediante simulaciones o mecanismos abusivos, puedan provocar el aislamiento injustificado de un menor respecto de uno de sus progenitores, otros familiares o personas significativas de su entorno afectivo.

 

Durante las audiencias públicas, los representantes de las organizaciones participantes expusieron distintas posiciones respecto de la iniciativa, aunque coincidieron en la importancia de resguardar el interés superior de niños y niñas y evitar que sean involucrados en conflictos entre adultos.

 

El periodista e investigador Javier Rebolledo valoró la propuesta y sostuvo que es necesario impedir que los niños sean utilizados como instrumentos en disputas familiares. En esa línea, afirmó que “el niño no puede ser un botín de la guerra entre las partes”, enfatizando la necesidad de priorizar su protección durante los procedimientos judiciales.

 

Una postura contraria manifestó Jennifer Alfaro, representante de la Corporación Humanas, quien llamó a rechazar el proyecto. A su juicio, la iniciativa podría trasladar a las mujeres una carga adicional al momento de denunciar situaciones de violencia, considerando que actualmente ya deben asumir tanto la responsabilidad de denunciar como la de proteger a sus hijos e hijas.

 

Alfaro advirtió que la propuesta podría generar una situación contradictoria para las mujeres, ya que denunciar un hecho que posteriormente no logre acreditarse podría exponerlas a una investigación, mientras que no hacerlo también podría derivar en cuestionamientos por una eventual negligencia.

 

Por su parte, Carolina Valenzuela, perito judicial y representante de la Fundación Crianza Compartida, planteó que los tiempos de los procesos judiciales tienen consecuencias directas en la vida de niños, niñas y adolescentes. Explicó que algunas causas pueden extenderse durante años, periodo en el que se puede producir el distanciamiento de uno de sus progenitores.

 

La representante también abordó el trabajo de los peritos judiciales y las falencias que presenta el sistema actual, exponiendo la necesidad de mejorar su funcionamiento en los procedimientos que involucran a familias judicializadas.

 

En tanto, Patricia Marambio, de la Fundación Resistencia Materna, cuestionó que el proyecto pueda debilitar la protección de los vínculos familiares antes de que se compruebe una denuncia. Asimismo, advirtió sobre el uso de expresiones como “víctimas verdaderas” y “violencia real”, señalando que podrían generar un escenario de amedrentamiento procesal y penal para quienes denuncian.

 

Tras las exposiciones, la Comisión de la Familia continuará el análisis de la iniciativa en una próxima sesión, instancia previa a la votación de su idea de legislar. Según lo previsto, este pronunciamiento podría concretarse durante la segunda quincena de noviembre.