La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la Ley N°18.415, orgánica constitucional de los estados de excepción, en materia de control de identidad. La iniciativa fue aprobada en general por 119 votos a favor y 27 en contra.
El proyecto busca facultar al personal de las Fuerzas Armadas desplegado en el marco de un estado de excepción constitucional de emergencia o de catástrofe para efectuar controles de identidad y detenciones, con el objetivo de contribuir al resguardo del orden y la seguridad pública en las zonas afectadas.
La propuesta, analizada durante dos sesiones, permite a los efectivos militares realizar controles de identidad y registros de vestimentas, equipaje y vehículos. Asimismo, contempla la posibilidad de efectuar detenciones en casos de flagrancia, de acuerdo con las normas establecidas en el Código Penal.
En estos casos, la iniciativa establece que el objetivo de la detención será poner al involucrado a disposición de Carabineros o de la Policía de Investigaciones de manera inmediata y en el lugar más cercano posible.
Tras la votación, el diputado Marcos Ilabaca realizó una reserva de constitucionalidad. El parlamentario señaló que, si bien comparte el objetivo de la iniciativa, considera que esta entrega a las Fuerzas Armadas funciones propias de las instituciones de Orden y Seguridad Pública, lo que podría alterar la distribución de competencias establecida por la Constitución.
Debate por las nuevas facultades:
Los parlamentarios que respaldaron el proyecto argumentaron que es necesario entregar estas herramientas a los efectivos de las Fuerzas Armadas, especialmente en aquellos territorios donde se mantienen vigentes estados de excepción. A su juicio, existe una contradicción en que los militares puedan estar desplegados para colaborar en labores de seguridad, pero no cuenten con facultades para realizar controles de identidad.
Asimismo, sus impulsores enfatizaron que la iniciativa no pretende reemplazar las funciones de Carabineros ni de la Policía de Investigaciones, sino establecer atribuciones específicas y acotadas que permitan a las Fuerzas Armadas cumplir de mejor manera sus labores durante los estados de excepción.
En esa línea, sostuvieron que la propuesta constituye una regulación de una situación que ya ocurre en la práctica y que no modifica la misión constitucional de las instituciones castrenses, sino que establece un marco para determinadas actuaciones durante estos períodos.
Desde la oposición al proyecto, en tanto, algunos parlamentarios advirtieron que otorgar estas facultades a las Fuerzas Armadas representa un cambio relevante en el alcance de sus atribuciones. Plantearon que las instituciones militares y policiales cumplen funciones diferentes dentro del Estado y que la iniciativa podría modificar la distribución de competencias establecida constitucionalmente.
También manifestaron preocupación por los riesgos que implicaría entregar facultades de carácter invasivo a efectivos que no cuentan con la misma formación policial que Carabineros y la PDI. A ello sumaron cuestionamientos a que la medida se fundamente en la falta de dotación suficiente de las policías.
Con su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde deberá ser analizado antes de definir su eventual avance legislativo.


