Fiscalía Supraterritorial expone desafíos presupuestarios para su implementación

La Comisión de Constitución recibió a representantes del Ministerio Público para conocer el proceso de implementación de la Fiscalía Supraterritorial y los recursos presupuestarios considerados para su funcionamiento.

 

La directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, Mónica Naranjo, explicó que el informe financiero consolidado de diciembre de 2025 estableció una implementación gradual de la nueva estructura durante un periodo de tres años.

 

Para 2026 se contemplaron $3.570 millones, mientras que su funcionamiento en régimen requerirá más de $8 mil millones. Sin embargo, Naranjo señaló que los recursos previstos para el primer año no han sido entregados en su totalidad.

 

Según detalló, el Ministerio Público ha debido financiar con otros fondos institucionales el 62,5% de la ejecución correspondiente a este periodo, principalmente para cubrir la contratación de personal.

 

Recursos para 2027

 

De cara al segundo año de implementación, el Ministerio Público solicitó $7.082 millones para 2027. No obstante, Naranjo expuso ante la comisión que la Dirección de Presupuestos entregaría cerca de $1.900 millones menos de lo solicitado para gastos de personal.

 

La diferencia responde al criterio de gradualidad planteado por la Dipres, situación que llevó al Ministerio Público a elaborar una nueva propuesta para postergar parte de las contrataciones contempladas inicialmente.

 

De los 20 fiscales previstos para este periodo, ocho ingresarían en junio y los 12 restantes en diciembre de 2027. De esta manera, el 69% de la dotación correspondiente al segundo año se incorporaría recién hacia el término de ese ejercicio.

 

Enfoque en el crimen organizado

 

También expuso ante los integrantes de la comisión el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, quien explicó que esta nueva estructura tendrá un rol de coordinación nacional e internacional en la persecución del crimen organizado transnacional.

 

El trabajo estará enfocado especialmente en el análisis financiero y patrimonial de las organizaciones criminales, abordando tanto los fenómenos delictivos como investigaciones específicas.

 

Orellana mencionó indagatorias vinculadas con organizaciones como el Tren de Aragua y Los Pulpos, además de secuestros extorsivos y redes logísticas asociadas al tráfico de drogas.

 

Asimismo, abordó fenómenos como el tráfico de armas y municiones, el robo de vehículos, las finanzas criminales, el lavado de activos mediante actividades comerciales y plataformas financieras digitales, además de la denominada “cibercriminalidad como servicio”.

 

Coordinación con otras instituciones

 

El fiscal jefe destacó que el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial requerirá una coordinación permanente con organismos como Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, entre otras instituciones.

 

En ese sentido, explicó que el objetivo será ir más allá de la incautación de drogas o bienes, buscando identificar las redes logísticas y financieras que permiten el funcionamiento de estas organizaciones, así como determinar cómo operan, de qué manera se financian y qué actores participan.

 

Como ejemplo, señaló que determinados delitos detectados en el barrio Meiggs podrían tener su origen en redes que comienzan a operar desde el puerto de San Antonio. Por ello, la nueva fiscalía buscará conectar antecedentes que actualmente se encuentran dispersos en distintas zonas del país.

 

Comisión solicitará antecedentes a Hacienda

 

Tras las exposiciones del Ministerio Público, la Comisión de Constitución acordó oficiar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos para que informen sobre el cumplimiento del informe financiero asociado a la implementación de la Fiscalía Supraterritorial.