A cuatro años de promulgada la ley nacional del Cáncer, la Comisión de Salud realizó una sesión especial para analizar su implementación. Luego de escuchar a los distintos actores, sus integrantes concluyeron que “aspectos como el registro nacional o el fondo nacional deben entrar en vigencia cuanto antes dadas las preocupantes garantías oncológicas incumplidas”.
El dato central al que todos los actores hicieron referencia es que, a junio 2024, las garantías oncológicas retrasadas eran 14 mil de un total de un millón ingresadas en el último año. El número fue interpretado como positivo por autoridades del Minsal dado que representa un cumplimiento de un 98% de cumplimiento. En tanto, los senadores y voceros de pacientes aseguraron que “ese número es alto si se piensa que el 73% de esas 14 mil garantías no cuentan con diagnóstico”.
De manera enfática, Bolocco hizo ver que “ese 73% no tienen un segundo prestador porque les falta un diagnóstico. Ellos morirán esperando, no serán llamados. Por ello pedimos un registro digital actualizado, que se les informe a los pacientes en qué número de la lista de espera se encuentran, se les indique en su domicilio cuándo les venció su garantía y qué paso sigue, y exigimos que sea automática la derivación a un segundo prestador con o sin diagnóstico”.
Desde la academia se reforzó la idea de que las muertes por cáncer responden a un problema de equidad. Goic y Nervi aseguraron que “la sobrevida es proporcional al ingreso, a si la persona se atiende en una Isapre, en las Fuerzas Armadas o en Fonasa, e incluso a la letra de Fonasa”.
En tanto los pacientes profundizaron en las consecuencias que tiene la baja notificación, el que aún no exista registro de pacientes y la demora que generó la actualización de la resolución que redefine el listado de drogas de alto costo. En particular, se relataron diversos testimonios de pacientes que han visto vulnerados sus derechos a la hora de recibir un diagnóstico y tratamiento oportuno tanto en la atención primaria como en la secundaria.
En este contexto, los senadores Javier Macaya (presidente de la Comisión) y sus pares Ximena Ordenes, Sergio Gahona y Juan Luis Castro coincidieron en el sentido de urgencia que debe darse a la atención oncológica y cómo la colaboración público privada es la única opción para terminar con los incumplimientos.
También se mencionó la pertinencia de reflotar el Fondo Nacional del Cáncer en la próxima discusión presupuestaria o el mismo Registro Nacional, y las dudas que despierta el hecho que no se esté derivando a un segundo prestador a los pacientes apenas se vence una garantía.
LISTA DE ESPERA:
En tanto, en la sesión del martes 27 de agosto, se continuó con esta temática, esta vez analizando la situación de las listas de espera Ges y No Ges. La Comisión en compañía de la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado; y el director de FONASA, Camilo Cid revisaron las cifras y sus implicancias.
No Ges:
Consulta nueva especialidad: desde marzo de 2022, la mediana de espera bajó un 24%. Han egresado 4 millones de casos. A junio de 2024, existen 2 millones y medio de casos en espera con una mediana de 255 días.}
Intervención quirúrgica: desde marzo de 2022, la mediana de espera bajó un 38%. Han egresado 639 mil casos. A junio de 2024, existen 365 mil casos en espera con una mediana de 305 días.
Por tanto, hay 3 millones de casos en lista de espera, del cual 13% es cirugía electiva y el resto es consulta especialidad 87%. El 2023 aumentaron un 16% los casos en relación al 2022. Un 1,8% de ellos están retrasados (proporción que se mantiene del 2022).
En lo GES:
En el último año se han creado más de 4 millones de garantías, así el 2023 se registró un aumento de un 16% en relación al 2022.
A junio existían 78 mil garantías en lista de espera con una mediana de 77 días, lo que representa un 1,8% del total.
Tras las cifras, la ministra Aguilera se refirió a los cuestionamientos que se han realizado a la resolutividad operativa, por lo que entregó detalles sobre las auditorías que se han generado al interior del Minsal para analizar por qué el Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE) no resulta eficiente. Así adelantó que luego de varias mejoras, se lanzará en octubre una nueva versión.
"Hay problemas estructurales del sistema de información, que están desde las primeras auditorías que se hicieron en el 2018. Estamos trabajando en reemplazar finalmente estos sistemas por sistemas más modernos, interoperables. Esperamos al próximo año acabar con estos sistemas de registro que requieren la digitalización y el trabajo manual, que son fuentes de error", expuso.
Los senadores de manera transversal, manifestaron que “desde el 2017 funciona el SIGTE, entonces no puede ser que aún no se pueda unificar la información en tiempo real”. Incluso se llegó a preguntar si era necesaria una modificación legal para obligar a los prestadores institucionales (centros de atención primaria y hospitales) a sistematizar los datos.
Acto seguido, el subsecretario Salgado, abordó las investigaciones que está realizando la Contraloría por el manejo de listas de espera en varios hospitales. “Por nuestra parte siempre estamos haciendo auditorías que indican lo mismo que éstas: error en los registros, información incompleta de los contactos, problemas en los cruces de datos de nosotros y el Registro Civil que explica, por ejemplo, los fallecidos”, describió.