Hacienda aprobó norma que obliga al personal de Gendarmería a declaración de patrimonio

Establecer la obligación de todo el personal de Gendarmería de Chile de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio. Esa es la finalidad de un proyecto aprobado en forma unánime por la Comisión de Hacienda y despachado a la Sala.

La iniciativa, que también cuenta con el respaldo de la Comisión de Gobierno Interior, se inscribe en la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP). Además, busca cumplir con los compromisos del Gabinete Pro Seguridad y al diagnóstico efectuado por Gendarmería.

En primer lugar, la propuesta modifica la Ley orgánica de Gendarmería de Chile. Aquí se agrega una disposición que consagra la obligación de efectuar declaración de intereses y patrimonio a todo el personal de la institución. Luego, se agrega a estos nuevos sujetos declarantes en el listado de la Ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

Además, el proyecto establece tres etapas de entrada en vigencia de la mencionada obligación, tiempo contabilizado desde la publicación de la ley en el Diario Oficial:

A partir del cuarto mes, para el personal de la planta de Oficiales Penitenciarios y de la planta de Directivos.

Desde el octavo mes, para el personal de la planta de Suboficiales Penitenciarios y Gendarmes.

A partir del doceavo mes, para el personal de las Plantas de Profesionales Funcionarios regidos por la Ley 15.076, el de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares y para los funcionarios a contrata asimilados a estas.

Finalmente, se define que el mayor gasto fiscal que implique la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto vigente de Gendarmería de Chile. No obstante, con cargo a la partida del Tesoro Público, se podrá suplementar en lo que falte. Según se explicó, los dineros se derivarán, principalmente, para la capacitación de las y los funcionarios.

“Estamos a favor de la transparencia”:

Para la discusión de esta iniciativa asistieron en la sesión anterior el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz; y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra. También concurrieron los titulares de cuatro asociaciones de funcionarios del personal de la institución.

En sus testimonios, hubo plena coincidencia en la necesidad de atacar la corrupción. “Estamos a favor de la transparencia”, enfatizaron los dirigentes a la hora de expresar su opinión sobre la iniciativa en trámite.

Consideraron, de hecho, que la declaración de intereses y de patrimonio será una medida que los protegerá, al quedar fuera de cualquier sospecha respecto de sus ingresos, en especial, cuando se trate de personas que tienen trabajos complementarios fuera del sistema penal.

Sin embargo, también fueron claros a la hora de pedir que no se les estigmatice por la labor que desempeñan. Remarcaron que la mayoría de los cerca de 20 mil funcionarios que componen las tres plantas son profesionales comprometidos y probos, que desarrollan sus labores con sacrificio, costeándose hasta el propio uniforme, en algunos casos. En tal plano, cuestionaron que la medida no se aplique a todo el sistema público.

En la discusión, tanto el director como los dirigentes extendieron sus observaciones a otras materias relacionadas con la institución. Particularmente, se refirieron a la necesidad de mejorar las condiciones del personal. Observaron que la creciente población penal en los sistemas cerrado y abierto aumentó la carga laboral/hombre sin mediar compensación. También pidieron mayor infraestructura y tecnología de apoyo.

Visión política:

En forma generalizada, los parlamentarios expresaron su apoyo al personal de Gendarmería. Asimismo, se mostraron interesados en conocer los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo que concluyó con la movilización de los trabajadores.

Se planteó la urgencia de mejorar la situación del personal, en especial en materia de remuneraciones y seguridad. También se alertó de la importancia de incluirlos en las estrategias de inteligencia en contra del crimen organizado. Por otra parte, se consultó al Ejecutivo sobre el plan de crecimiento institucional, teniendo a la vista no solo los requerimientos actuales, sino también los penales en construcción o ampliación.

Sobre las negociaciones, se informó que el acuerdo pasa por una ley de incentivo al retiro y de promoción y ascensos. Además, se comunicó que hay en desarrollo tecnológico e inversiones para el sector, como la instalación de inhibidores de comunicaciones

Volviendo al tema del proyecto de ley, desde los funcionarios se llamó a la confidencialidad de sus datos sensibles, ya que podrían ser objeto de amenazas. Adicionalmente, se sugirió excluir al personal que no mantiene trato directo con la población penal.

A la hora de las votaciones, sin embargo, dichos puntos no fueron abordados, dado que no eran competencia de esta comisión. Así, solo fueron votados dos de sus normas, las que recibieron un apoyo unánime.