Mayor seguridad para alcaldes: Mociones apuntan a evitar más amenazas de muerte

Dos mociones que buscan reforzar la protección penal de autoridades y aumentar las sanciones frente a ataques vinculados con sus funciones comenzarán a ser analizadas por la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

 

Las iniciativas surgieron luego de que se conociera el caso del alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien recibió amenazas de muerte durante las últimas semanas, situación que volvió a poner en discusión las medidas de protección para autoridades comunales y funcionarios vinculados a labores de seguridad.

 

Una de las propuestas establece penas de 3 años y un día a 10 años de prisión para quien conspire para cometer el delito de homicidio calificado contra un alcalde o concejal. La moción fue presentada por el senador Cristián Vial y patrocinada por las senadoras Loreto Carvajal y Paulina Núñez, junto a los senadores Juan Luis Castro y Karim Bianchi.

 

El proyecto modifica el artículo 391 bis del Código Penal, norma que actualmente contempla una protección especial frente a atentados contra jueces con competencia en materia penal, fiscales del Ministerio Público, defensores penales públicos y funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, cuando los hechos se relacionan con el ejercicio de sus funciones.

 

La iniciativa busca incorporar expresamente a alcaldes y concejales dentro de las personas protegidas por esta disposición legal, estableciendo un marco penal agravado frente a este tipo de delitos.

 

Durante una sesión de la Comisión de Seguridad Pública realizada el pasado 7 de septiembre, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, señaló que actualmente existen 22 alcaldes con medidas de protección y 10 fiscales con protección permanente.

 

Protección para autoridades vinculadas a la seguridad:

 

Una segunda moción fue presentada por la senadora Paulina Vodanovic, con el respaldo del senador Juan Luis Castro, y apunta a ampliar la protección penal a alcaldes, gobernadores regionales y otras autoridades que desempeñan funciones relacionadas con la seguridad pública y la prevención del delito.

 

La propuesta, actualmente en primer trámite, busca reforzar la respuesta penal frente al homicidio por encargo dirigido contra estas autoridades, además de aumentar la protección frente al homicidio calificado cometido en su contra.

 

En ese sentido, la iniciativa propone incorporar al artículo 391 bis del Código Penal a los alcaldes, gobernadores regionales, ministro de Seguridad Pública, subsecretarios de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, además de delegados presidenciales, seremis y otras autoridades que tengan funciones de dirección, coordinación o ejecución de políticas y programas en materia de seguridad pública.

 

El proyecto también plantea que el homicidio calificado cometido contra cualquiera de las personas especialmente protegidas sea sancionado como consumado desde que se encuentre en grado de tentativa, cuando el hecho se relacione con el ejercicio de sus funciones.

 

Ambas iniciativas deberán ser analizadas por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, instancia en la que se revisarán sus alcances y eventuales modificaciones antes de continuar con su tramitación legislativa.