Un grupo transversal de senadoras y senadores presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Concesiones de Obras Públicas para garantizar que los vehículos particulares que trasladen a personas en situación de emergencia puedan atravesar las plazas de peaje sin la exigencia de realizar el pago de manera inmediata.
La iniciativa fue impulsada por las senadoras Danisa Astudillo y Loreto Carvajal, junto a los senadores Gastón Saavedra y Enrique Van Rysselberghe, quienes plantearon que el tránsito durante situaciones de urgencia debe priorizar la vida, la integridad física y la salud de las personas por sobre las obligaciones de pago ante las empresas concesionarias.
El proyecto surgió a raíz de un grave episodio registrado en la Región del Biobío, donde una familia que trasladaba a una mujer en trabajo de parto habría enfrentado dificultades para atravesar una plaza de peaje debido a que no contaba con dinero en efectivo para efectuar el pago.
Según los antecedentes expuestos en la moción, la demora en el cruce del peaje contribuyó a que la bebé naciera al interior del automóvil antes de que la familia pudiera llegar hasta un recinto asistencial, situación que habría implicado riesgos asociados a la falta de un entorno esterilizado para el parto.
Frente a este tipo de situaciones, la propuesta establece que la condición de emergencia pueda acreditarse mediante la sola declaración verbal del conductor ante el funcionario de la caseta de cobro, permitiendo que la barrera sea levantada sin exigir el pago inmediato de la tarifa.
Para evitar perjuicios económicos a las concesionarias, el proyecto contempla un mecanismo de pago posterior. De acuerdo con la iniciativa, el propietario del vehículo dispondría de un plazo de 48 horas para regularizar la tarifa mediante transferencia electrónica u otros mecanismos informados por la empresa concesionaria.
Una vez transcurrido ese período, la concesionaria podría gestionar directamente el cobro correspondiente con el propietario del vehículo, manteniéndose de esta manera la obligación de pagar la tarifa, pero eliminando el requisito de hacerlo inmediatamente en medio de una situación de emergencia.
La moción también establece una protección para los trabajadores de las plazas de peaje, prohibiendo que las empresas concesionarias les apliquen sanciones, descuentos o cobros por levantar las barreras cuando se encuentren frente a una situación de emergencia.
Además, la propuesta incorpora sanciones penales para quienes obstaculicen el paso de vehículos durante situaciones de emergencia o catástrofe. En estos casos, contempla penas de hasta tres años de cárcel, correspondientes a presidio menor en su grado mínimo a medio.
El proyecto será analizado por la Comisión de Obras Públicas del Senado, instancia en la que se revisarán sus disposiciones y eventuales modificaciones antes de continuar con su tramitación legislativa.


