Con la presencia del presidente José Antonio Kast, el Gobierno presentó dos proyectos de ley orientados a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales del país. La actividad contó además con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Las autoridades señalaron que las iniciativas buscan reforzar las capacidades preventivas y mejorar la convivencia al interior de las comunidades escolares.
Uno de los proyectos propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes en delitos cometidos dentro de recintos educacionales o que afecten a miembros de la comunidad educativa. La iniciativa apunta a endurecer las sanciones cuando las víctimas sean estudiantes, docentes o asistentes de la educación, tanto en el contexto escolar como en actividades extracurriculares, así como en casos de daños a la infraestructura educativa.
El segundo proyecto, denominado “Escuelas Protegidas”, tiene un enfoque preventivo y busca resguardar la integridad física y psíquica de estudiantes y trabajadores de la educación. Entre sus principales medidas se incluye la posibilidad de que los establecimientos implementen la revisión de mochilas y pertenencias personales, con el objetivo de evitar el ingreso de objetos peligrosos. Esta medida deberá estar debidamente regulada en los reglamentos internos de cada institución.
Asimismo, la propuesta contempla un mayor empoderamiento de los docentes, quienes podrán aplicar medidas pedagógicas, preventivas y disciplinarias de carácter inmediato para garantizar el orden en la sala de clases y el adecuado desarrollo de la actividad educativa. Estas acciones tendrán carácter obligatorio para los estudiantes y estarán orientadas a fomentar la responsabilidad y la convivencia escolar.
El proyecto también establece sanciones para quienes interrumpan el normal desarrollo de las clases, considerando como faltas graves aquellos actos que provoquen la paralización total o parcial de la jornada escolar. Además, se incorpora como requisito para acceder a la gratuidad en la educación superior no haber sido condenado por delitos graves contra las personas o la propiedad.
Finalmente, la iniciativa incluye normas sobre identificación de los estudiantes, prohibiendo el uso de prendas que oculten el rostro sin justificación válida, tanto dentro como fuera del establecimiento durante actividades oficiales. También se restringirá el uso de vestimenta o accesorios que promuevan la violencia, las drogas o conductas contrarias a la ley, como parte de un esfuerzo integral por fortalecer la seguridad y la convivencia en los espacios educativos.




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