Promulgan reforma que endurece penas a reincidentes

Se llevó a cabo la promulgación de la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal para reducir la reincidencia y mejorar la persecución de los delitos de mayor connotación social.

La promulgación estuvo liderada por el Presidente Boric, quien estuvo acompañado por la ministra Tohá (Interior), el ministro Cordero (Justicia), el ministro Elizalde (Secretaría General de la Presidencia) y otras autoridades.

¿De qué se trata la reforma que endurece penas a reincidentes?

La reforma modifica el Código Penal para reducir las tasas de reincidencia y mejorar la persecución del crimen organizado.

Esta reforma introduce modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para una persecución penal más eficiente.

Para mejorar la eficiencia de la persecución penal, la reforma incluye la ampliación de las técnicas especiales de investigación como la interceptación y grabación de comunicaciones para combatir el crimen organizado.

La iniciativa introduce normas que consagran medidas de protección para entregar mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en causas sobre crimen organizado: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales.

Además, se perfeccionan las reglas sobre producción de prueba para juicios orales complejos, con la finalidad de terminar con la dilación de la impartición de justicia en este tipo de causas.

¿Cómo se endurecen las penas a reincidentes?

Para endurecer las penas a reincidentes y mejorar la persecución del crimen organizado, la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal:

Incorpora reglas para la agilización de los juicios orales.

Amplía la detención en casos de extranjeros y en casos de crimen organizado.

Agrega un estatuto que regula la cooperación eficaz e incentiva a imputados y condenados a proporcionar información útil para desarticular asociaciones delictivas y criminales.

Incorpora normas que regulan expresamente los tribunales de tratamiento de drogas.

Incluye cambios en la Ley 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas), añadiendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados.

Limita el plazo para que los bancos entreguen los antecedentes solicitados por el Ministerio Público y regula la toma de muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación irregular, previa autorización del tribunal a solicitud del Ministerio Público.