Proyecto que permite arresto domiciliario a reclusos mayores podría beneficiar a “La Ronca”

El seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Los Ríos, Jorge Ríos, manifestó su categórico rechazo al proyecto de ley aprobado en general por el Senado que permitiría a internos mayores de 70 años o con enfermedades terminales, crónicas o discapacidad cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.

La iniciativa, impulsada por senadores de oposición, busca facultar la conmutación de penas para determinados reclusos. Sin embargo, ha generado una fuerte polémica debido a que, de convertirse en ley, podría beneficiar a más de 300 condenados por crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos recluidos en el penal de Punta Peuco, entre los que se menciona a Miguel Krassnoff.

La discusión en la Cámara Alta tuvo momentos de alta tensión y finalmente el proyecto fue aprobado por apenas un voto de diferencia. Ahora continuará su tramitación legislativa, donde hasta el 16 de marzo se podrán presentar indicaciones para modificar el texto antes de su debate en el próximo Congreso.

Ríos calificó la iniciativa como “dañina para la democracia chilena” y afirmó que desde el Ministerio de Justicia existe un rechazo categórico a la propuesta. “En la Región de Los Ríos tenemos población penal de la tercera edad que podría acceder a los beneficios de este proyecto de ley que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazamos categóricamente”, señaló.

La autoridad regional sostuvo además que el proyecto representa un “contrabando legislativo”, argumentando que vulneraría doctrinas internacionales y sentencias judiciales que establecen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no admiten beneficios de esta naturaleza.

Impacto en la región:

En la Región de Los Ríos la población penal alcanza cifras históricas, con cerca de 1.700 internos en el Complejo Penitenciario de Valdivia, más de 100 en Río Bueno y una veintena en el Centro de Educación y Trabajo.

Según explicó el seremi, al menos una veintena de personas de la tercera edad privadas de libertad en la región podrían eventualmente acceder a este beneficio. “La criminalidad de ellos dice relación con delitos de violación, homicidios y robos con intimidación, y a futuro incluso podría beneficiar a involucrados en crimen organizado”, advirtió.

En el caso de condenados por delitos de lesa humanidad vinculados a la región, Ríos recordó que existen personas relacionadas con episodios como la Caravana de la Muerte, Pilmaiquén, Neltume y Liquiñe, quienes actualmente cumplen condena en Punta Peuco.

Caso Helena Bustos:

El debate también ha cobrado relevancia debido a la eventual aplicación del beneficio a condenados por delitos de alta connotación social, como el sicariato de la joven Helena Bustos ocurrido en 2020.

Una de las autoras intelectuales del crimen, Cecilia Mímica Pino, conocida como “La Ronca”, quien actualmente es adulta mayor, podría optar a este beneficio si se acreditan condiciones de salud crónica. La investigación dirigida por el fiscal Jaime Calfil estableció que Mímica, junto a su hija Maggi Filgueira Mímica, contactaron a sicarios para ejecutar el asesinato tras rencillas previas.

Según la investigación, ambas facilitaron el vehículo, un teléfono celular para coordinar el ataque y el arma utilizada. El 28 de abril de 2020 la víctima fue trasladada mediante engaños hasta el sector de Quitacalzón, donde recibió 21 puñaladas, mientras las autoras intelectuales observaban el crimen desde un vehículo cercano.

“Aquí hay víctimas que van a ver a su victimario en un régimen mucho más blando en relación al régimen presidiario”, afirmó el seremi, calificando la iniciativa como defectuosa y revictimizante.

Finalmente, Ríos destacó que la Corte Suprema emitió un informe crítico respecto del proyecto por su inconveniencia técnica y jurídica, y valoró la votación en contra de los senadores Alfonso De Urresti e Iván Flores, reafirmando el compromiso del Gobierno con la seguridad pública y el respeto a la memoria de las víctimas.