La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara recibió a la directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado, y al director del Registro Civil e Identificación, Omar Morales, en el marco de una sesión destinada a profundizar el análisis sobre los procesos de identificación de fallecidos no identificados. La instancia permitió completar una exposición iniciada previamente y responder a diversas inquietudes planteadas por los parlamentarios.
Durante su presentación, Prado explicó que el SML es el organismo encargado de realizar los procedimientos de identificación mediante técnicas como la dactiloscopía, la odontología y la genética forense, todas bajo estricta validación científica. Precisó que estos procesos requieren obligatoriamente la comparación de muestras con datos del Registro Civil o con perfiles biológicos de familiares directos.
En esa línea, enfatizó que la condición de “identificable” no depende únicamente del estado o apariencia del cuerpo, sino de la existencia de antecedentes verificables que permitan contrastar la información. Asimismo, indicó que la verificación de identidad se inicia tras la orden de autopsia emitida por el Ministerio Público, lo que obliga al SML a ejecutar dicho procedimiento.
La directora también abordó la permanencia de cuerpos no identificados en dependencias del servicio, señalando que esto responde tanto a la falta de identificación como a la ausencia de reclamos por parte de familiares. Aclaró que el SML no puede disponer de los cuerpos de manera autónoma, ya que cualquier proceso de inhumación debe realizarse bajo instrucciones del Ministerio Público. “No existe un protocolo que establezca un tiempo máximo de permanencia; todas esas decisiones dependen de la Fiscalía”, sostuvo.
En cuanto a la capacidad operativa, Prado detalló que en la región Metropolitana existen cámaras de tránsito y conservación de cuerpos destinadas a distintas etapas del proceso pericial. Además, informó que desde julio de 2025 se comenzaron a utilizar contenedores adicionales de forma preventiva, debido al aumento de cuerpos no retirados que permanecen bajo custodia del SML.
Según explicó, esta situación se origina tanto por la falta de autorizaciones para inhumación por parte de la Fiscalía como por demoras en el retiro por parte de familiares, muchas veces asociadas a dificultades económicas. “El costo de reclamación es muy alto para las familias, lo que ha significado que personas ya identificadas permanezcan en el SML”, agregó.
Por su parte, el director del Registro Civil, Omar Morales, destacó el uso de tecnología de alto estándar en los procesos de identificación y subrayó el trabajo coordinado con fiscalías, policías, el Poder Judicial y el propio Servicio Médico Legal. Indicó que, cuando el SML no logra identificar a una persona con la información disponible, recurre a la colaboración del Registro Civil.
Morales explicó que existen dos niveles de apoyo en estos casos: un sistema interconectado para el intercambio de datos y, en una segunda instancia, la intervención de peritos especializados en dactiloscopía pertenecientes al Registro Civil, cuando el primer mecanismo no arroja resultados.
En la sesión, las y los diputados manifestaron su preocupación por los tiempos que toman los procesos de identificación, así como por las brechas informáticas existentes en el SML y los avances metodológicos en la materia. También expresaron inquietud por la ausencia de protocolos claros para el resguardo de los cuerpos y la cadena de custodia.
Finalmente, los parlamentarios solicitaron mayor información sobre la existencia de registros de identificación en casos de osamentas y sobre los plazos que los cuerpos pueden permanecer sin ser identificados en el Servicio Médico Legal.





