Comisión estudia proyecto sobre asignación de direcciones IP fijas

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara inició el estudio del proyecto de ley sobre asignación de direcciones IP y deber de información para proveedores de internet, correspondiente al boletín 16.858. La iniciativa busca modificar la Ley General de Telecomunicaciones con el objetivo de fortalecer la persecución penal de delitos cometidos en entornos digitales.

 

La moción, presentada por la diputada Chiara Barchiesi, plantea que las empresas de telecomunicaciones asignen una dirección IP distinta para cada cliente. Según la parlamentaria, esta medida permitiría mejorar la investigación de delitos como el abuso sexual infantil en línea, facilitando el acceso a información por parte de las policías y del Ministerio Público, ante la actual falta de uniformidad en la entrega de datos por parte de las compañías.

 

Durante la discusión, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, manifestó disposición del Ejecutivo para respaldar y perfeccionar la iniciativa, aunque advirtió sobre dificultades técnicas relevantes. Explicó que las direcciones IP se asignan de manera dinámica y temporal debido a las limitaciones del sistema actual de internet, lo que haría complejo implementar identificadores fijos por usuario sin afectar la arquitectura de la red.

 

La autoridad también señaló que una medida de este tipo podría generar riesgos en materia de seguridad y privacidad, además de no garantizar completamente la identificación de delincuentes, ya que estos pueden utilizar herramientas como VPN para ocultar su conexión. En ese sentido, planteó que el foco debería estar en mejorar la coordinación entre instituciones y los mecanismos de respuesta de las empresas ante requerimientos de información.

 

Desde el sector de las telecomunicaciones, el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, Alfie Ulloa, coincidió en que las direcciones IP funcionan como identificadores temporales que cambian constantemente, lo que impide asociarlas de forma permanente a una persona o domicilio. Añadió que en redes móviles esta variabilidad es aún mayor, debido a los cambios de conexión según ubicación y red disponible.

 

Ulloa indicó que las empresas ya están obligadas a entregar información a las autoridades cuando existe un requerimiento legal, aunque la identificación de usuarios depende de múltiples factores técnicos, como el momento exacto de conexión o los datos de tráfico utilizados. Por ello, sostuvo que la propuesta presenta limitaciones prácticas para su implementación.

 

En la comisión, varios diputados coincidieron en la necesidad de fortalecer la persecución de delitos digitales, aunque manifestaron dudas respecto de la viabilidad técnica del proyecto. El diputado Pier Karlezi advirtió posibles riesgos en materia de privacidad y seguridad, como mayor exposición a ciberataques y robo de datos personales.

 

Por su parte, el diputado Ignacio Achurra cuestionó las discrepancias entre el Ejecutivo y la autoridad sectorial, y llamó a considerar otras alternativas legislativas ya en trámite, como el proyecto que incorpora georreferenciación y reduce plazos de entrega de información en investigaciones complejas, el cual ya fue despachado por la Cámara en marzo de 2025.