Comisión de Seguridad Pública sesionó en San Bernardo tras las amenazas recibidas por su alcalde

La necesidad de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado con una mirada transversal y con una respuesta coordinada del Estado fue una de las principales conclusiones de la sesión que la Comisión de Seguridad Pública del Senado realizó en la comuna de San Bernardo.

 

La jornada estuvo marcada por la situación que afecta al alcalde de San Bernardo, Cristopher White, quien conoció a través de la Fiscalía la existencia de un presunto plan para asesinarlo durante el desfile de Fiestas Patrias del próximo 17 de septiembre. Según los antecedentes expuestos, la acción habría sido ideada por Juan Flores Valenzuela, conocido como “el Indio Juan”, delincuente que operaba en la comuna y que fue capturado el pasado 31 de agosto.

 

En la sesión participaron la presidenta del Senado, Paulina Núñez; las senadoras Loreto Carvajal y Paulina Vodanovic; y los senadores Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Luis Castro, Cristián Vial y Manuel José Ossandón. También asistieron diversas autoridades regionales y nacionales vinculadas a la seguridad pública.

 

El alcalde Cristopher White advirtió que la amenaza en su contra refleja una problemática de mayor alcance y sostuvo que el avance del crimen organizado está afectando directamente la convivencia y las instituciones democráticas. “Hoy hablamos del resguardo a las autoridades, pero eso indica que el crimen organizado ha ido avanzando y ha disminuido la democracia”, señaló.

 

La autoridad comunal manifestó además su preocupación por fenómenos delictuales que, a su juicio, dan cuenta de una creciente complejidad en materia de seguridad. En ese sentido, abogó por acelerar la implementación de herramientas legislativas pendientes, entre ellas el reglamento de la ley de seguridad municipal, el proyecto sobre infraestructura crítica y la iniciativa relacionada con las reglas del uso de la fuerza.

 

Durante la sesión también se abordó la existencia de una eventual brecha entre las estadísticas oficiales y la realidad delictual que enfrentan las comunidades, considerando que numerosos delitos no serían denunciados por temor a represalias. Las autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar transversalmente en la agenda legislativa de seguridad y fortalecer la protección de dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias y otras personas expuestas a amenazas.

 

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó el procedimiento que se aplica ante denuncias por amenazas, precisando que las investigaciones son dirigidas por el Ministerio Público, organismo que instruye a las policías respecto de las medidas de protección para víctimas y testigos. Según indicó, las medidas se determinan tras una evaluación técnica del nivel de riesgo existente.

 

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó antecedentes sobre la protección que actualmente reciben autoridades amenazadas en el país. De acuerdo con las cifras expuestas, al menos 22 alcaldes cuentan con medidas de protección debido a amenazas o agresiones sufridas en el ejercicio de sus cargos, mientras que ocho de ellos mantienen acompañamiento diario de seguridad.

 

Valencia agregó que también existen fiscales con medidas especiales de protección y destacó que el Ministerio Público ha adoptado nuevas acciones para enfrentar este tipo de delitos. Entre ellas, mencionó la designación de un fiscal regional para investigar denuncias contra autoridades y la creación de una unidad especializada en seguridad.

 

Agenda legislativa:

 

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que las amenazas contra autoridades deben ser entendidas como una amenaza contra el funcionamiento de las instituciones. En esa línea, llamó a fortalecer la acción del Estado y a impedir que las organizaciones criminales continúen obteniendo recursos a través de actividades ilícitas.

 

“Cuando se amenaza a la autoridad, se amenaza a todos. La idea es dar una señal de Estado”, afirmó la parlamentaria, quien planteó la necesidad de cerrar los espacios que permiten al crimen organizado mantener sus fuentes de financiamiento.

 

El senador Karim Bianchi, en tanto, destacó la importancia de dotar a las policías de mayores herramientas y recursos, especialmente en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos. Asimismo, se refirió a la tramitación de distintos proyectos vinculados a la seguridad, entre ellos las reglas del uso de la fuerza y el fortalecimiento de Carabineros.

 

También planteó la necesidad de revisar las medidas cautelares aplicables a determinados delitos y analizar mecanismos que permitan asegurar un cumplimiento más efectivo de las sanciones.

 

El senador Juan Luis Castro valoró la postura adoptada por el alcalde White frente a la delincuencia y manifestó su preocupación por los antecedentes relacionados con el presunto plan para atentar contra la autoridad comunal. En ese contexto, cuestionó las circunstancias que permitieron que un delincuente investigado pudiera continuar desarrollando actividades delictuales.

 

Preocupación por el avance del crimen organizado:

 

Durante el debate, el senador Cristián Vial afirmó que la delincuencia y el crimen organizado representan uno de los desafíos de política pública más complejos de las últimas décadas. A su juicio, el fenómeno debe ser enfrentado mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y el ejercicio legítimo de las facultades del Estado.

 

En tanto, la senadora Loreto Carvajal, quien participó en representación del senador Pedro Araya, señaló que la situación vivida por el alcalde de San Bernardo refleja una realidad que afecta a distintas autoridades del país y que plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para responder al avance del crimen organizado.

 

La parlamentaria también llamó a analizar la situación al interior de los recintos penitenciarios y a avanzar en medidas que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de las penas.

 

Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic manifestó su preocupación por una eventual normalización de las amenazas contra autoridades y enfatizó la gravedad del presunto plan para asesinar al alcalde de San Bernardo. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe entregar garantías efectivas de seguridad a quienes ejercen funciones públicas.

 

El senador Manuel José Ossandón, en tanto, defendió el trabajo desarrollado por la Comisión de Seguridad Pública y destacó los avances legislativos alcanzados en los últimos meses. Asimismo, coincidió en la necesidad de avanzar en la implementación de la ley de seguridad municipal y en la pronta publicación de su reglamento.

 

La sesión contó además con las intervenciones del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; el delegado presidencial regional metropolitano, Germán Codina; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.

 

La instancia permitió abordar la creciente preocupación por la seguridad de las autoridades y el impacto del crimen organizado en los territorios, reforzando el llamado a impulsar una respuesta coordinada entre el Ejecutivo, el Congreso, las policías, el Ministerio Público y las autoridades locales.